Mario Lugones quedó en jaque por la detención de dos ex funcionarios del ministerio de Salud por la causa del fentanilo envenenado que causó más de un centenar de muertes.
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este martes la detención de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) por la causa que investiga unas 114 muertes por fentanilo contaminado.
El gobierno había podido sacar de la agenda este tema que en su momento puso en crisis la campaña electoral de 2025, pero que ahora vuelve a tomar fuerza con un caso con el que Lugones incluso teme quedar procesado.
Nélida Bisio y Gabriela Fumadó quedaron detenidas este martes por las fallas es los controles que derivó en la comercialización del ventanilo que que llegó a hospitales, clínicas y sanatorios del países enero del año pasado.
Bisio y Fumadó eran las responsables de evitar que miles de ampollas de fentanilo no apto para su uso salieran al mercado. La primera era la responsable del organismo regulatorio y Fumadó era titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Las funcionarias serán indagadas el miércoles.
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El arresto de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.
Fumadó había sido la primera en dejar el cargo. El gobierno libertario la apartó de sus funciones en agosto del año pasado a medida que avanzaba la investigación penal.
Desde 2022 estaba a frente del Iname, el área dentro de la Anmat con responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país. Había arrancado su carrera en el Estado en 1999 como asesora jurídica del Ministerio de Salud. En 2002, pasó a ser directora nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, y recién en 2005 llegó a la Anmat.
Ariel García Furfaro.
A Bisio, en cambio, se le concedió la posibilidad de presentar la renuncia, lo que ocurrió en enero de este año y a ocho meses del alerta oficial por un “desvío de calidad” de un lote de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, elaborado en Laboratorios Ramallo sin los permisos en regla. La cartera sanitaria nacional, de la que depende la Anmat, comunicó en ese momento que la renuncia de la exfuncionaria había sido “por motivos personales”.
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La investigación judicial apunta a determinar las responsabilidades por la comercialización de fentanilo elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo que, según la investigación, llegó a hospitales y clínicas del país pese a presentar contaminación bacteriana.
Kreplak emitió además una orden de requerimiento de información al Ministerio de Salud de la Nación, que esta mañana debió facilitar a las autoridades judiciales documentación que consigna las entradas y salidas de personas a esa cartera, entre 2024 y 2025.
En julio del año pasado, Lugones había manifestado que su cartera sería querellante en la causa, por la que entonces se contabilizaban una cincuentena de muertes. Sin embargo, unas semanas después la cantidad de muertes se duplicó y la Justicia determinó revocar esa posición y excluir al Ministerio de Salud de su rol de querellante.
El argumento era que Lugones quedaba en una posible posición contradictoria, ya que podría haber intereses contrapuestos, dada la obvia responsabilidad de su cartera sobre la propia ANMAT y en cuanto a la circulación y consumo de medicamentos en el país.
El escándalo se inició en mayo de 2025, cuando trascendieron las primeras muertes de pacientes en el Hospital Italiano de La Plata, producto de las infecciones letales que les produjeron una serie de bacterias multirresistentes presentes en el fentanilo.
Se hicieron estudios en el Instituto ANLIS-Malbrán, al tiempo que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema fue determinando en los meses siguientes la relación entre las muertes y las bacterias halladas en las ampollas de fentanilo.
Desde un comienzo se especuló con la posibilidad de que la ANMAT, el organismo que debe controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el país, podría haber tenido una actuación débil frente a las endebles y desprolijas prácticas de los laboratorios HLB y Ramallo.
Esa desprolijidad fue oportunamente corroborada por la investigación en base a pruebas contundentes. Entre muchas otras, los propios testimonios de ex empleados de esos laboratorios, según consta en el extenso expediente de esta causa.