Tras la apertura de ofertas por Aysa en la que el grupo liderado por Mauricio Filiberti presentó la mejor oferta por más de USD 340 millones, el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, denunció que los nuevos dueños facturarán USD 93 millones extra por año por un cambio de zonificación.
En base a información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Martello advirtió que una nueva categorización de usuarios por zonas le dará al holding ganador un flujo de caja extra suficiente para amortizar lo invertido en la compra.
“En 4 años tendrán recursos que pagarán los usuarios equivalentes al valor de la empresa”, dijo y consideró que ese dato “es central y debería conocerse antes de la firma del contrato”. “Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar”, agregó.
Además, cuestionó que la oferta del Filiberti-Rowing-Arca-PHX “quedó muy por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía”.
En ese sentido, el defensor del Pueblo adjunto bonaerense alertó que Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por Walter Román, que controla dos empresas -Direct Group y Lógico- que aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025.
“Corresponde a la Cámara Nacional Electoral analizar si esos aportes se ajustaron a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Como ciudadanos, lo mínimo que podemos pedir es que se esclarezca”, sostuvo Martello.
También, puso de relieve que Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor del insumo con el que AySA potabiliza el agua desde 2009, también es socio en el control de Edenor.
“AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y, por lo tanto, el principal cliente de esa distribuidora. De confirmarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría a ambos lados de esa relación comercial”, dijo.
Martello cuestionó que la privatización “se cierra sin que los usuarios conozcan cuánto valía la empresa, cuál es su pasivo ambiental ni cómo se verán afectadas sus tarifas”.
Como contó LPO, en la Defensoría del Pueblo bonaerense promovieron una cautelar al advertir un “riesgo inminente” de que el actual proceso deprivatización de Aysa derivara en un deterioro del servicio y el abandono de trabajos planificados.
La AGN le reclama 30 millones de dólares a AySA y pone en crisis la privatización
Más allá de la decisión del Gobierno de avanzar en la apertura de sobres con ofertas por Aysa, existen numerosos frentes de conflicto que pueden trabar la privatización.
Por caso, la Auditoría General de la Nación detectó 30 millones de dólares prestados por el Tesoro que no fueron reembolsados ni tampoco registrados en los estados contables, monto pone en jaque la ecuación económica de la privatización.