“Escuchen a los chicos”, repite una y otra vez Valentín Yan, hijo de la fallecida Romina Yankelevich, al denunciar los maltratos que sufrió durante su infancia. Su relato expuso una violencia que puede prolongarse durante años, naturalizarse dentro de una familia y permanecer inadvertida para quienes están afuera.

Con su testimonio, puso en foco lo que Paula Wachter, fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia, define como “la violencia que no se ve, la que más sucede y la que más cuesta denunciar”. En la Argentina, casi seis de cada diez chicos de entre 1 y 14 años recibieron gritos, agresiones psicológicas o castigo físico durante su crianza, según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef.

Aunque el 97% de las personas a cargo de la crianza reconocen la importancia de que esta sea respetuosa, el 35,4% de los niños abarcados por el relevamiento fueron blanco de castigos físicos y el 6,6%, de castigos físicos severos.

“Queremos que el hogar sea el lugar más seguro, pero no lo es. Estamos frente a una gran violencia que está naturalizada a plena luz. Es dificil intervenir si vemos un padre en la calle siendo violento con un hijo”, dijo Wachter a LA NACION. Y describió: “Es un proceso sumamente dificil pedir ayuda. Muchos chicos hasta se sienten responsables, creen que les pegan porque se portaron mal”.

Otro dato genera alarma: según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, el tiempo promedio de maltrato es de cuatro años previo a la denuncia.

En la mayoría de los casos, la violencia sucede en el entorno de los chicos. Los datos de la OVD hasta septiembre de este año muestran que evaluaron 1754 situaciones de violencia doméstica que afectaron a menores de 18 años, un promedio superior a seis por día: en el 76% el vínculo con el denunciado era filial; en el 67% de esos casos, el padre, y en el 33%, la madre.

En el 56% los episodios de violencia eran diarios o semanales. El maltrato psicológico o emocional fue el más frecuente, presente en el 96% de las situaciones evaluadas. Le siguieron la violencia simbólica (35%), el maltrato físico (30%) y el abuso sexual (12%).

La OVD funciona los 365 días del año y es una de las vías de entrada. También es posible denunciar en una fiscalía o a una comisaría, y no hace falta un abogado. ”Todos podemos ser agentes de detección”, advirtió Wachter. La guía de Red por la Infancia recomienda a los adultos que reciben un relato de violencia que escuchen sin interrogar, que no confronten con quien agrede y que avisen cuanto antes a los organismos de asistencia: la Línea 137, gratuita, nacional y de atención las 24 horas (también por WhatsApp al 11 3133-1000), y la Línea 102.

Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), lo resumió así: “Los chicos hablan cuando pueden”.

En sintonía, Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad, remarcó: “Lo principal es el derecho del niño a ser oído. Siempre hay que creerles, porque eso es lo único que nos va a dar la posibilidad de protegerlos. Si sos un familiar, vecino, maestro, si un chico se expresa, ya sea verbal o con signos de cambios de conducta, hay que creerlo porque ahí está la posibilidad de verdaderamente intervenir y salvarlos. Si no los escuchamos o encima los escuchamos y no les creemos, los dejamos solos”. La Línea 102 recibe unas 126 llamadas diarias en la ciudad.

Hay distintas formas de encender la maquinaria judicial. Primero va lo urgente: cómo es la mejor forma para sacar a ese niño de la casa. Existen diferentes medidas de protección. Es posible hacer una exclusión del hogar al agresor, perimetral y prohibición de acercamiento hasta que no haga las evaluaciones. Este tipo de decisiones cautelares sirven para resolver la emergencia, luego se avanza a la cuestión de fondo sobre la tutela del menor.

“Al intervenir con un menor, siempre se analiza cómo están los otros. En el proceso se evalúa a todo el grupo familiar con informes ambientales y psicológicos”, describió Marisa Herrera, doctora en Derecho y especialista en Derecho de Familia, a LA NACION.

El principio general, explicó Herrera, es que los chicos sean cuidados por sus padres: “Hay que demostrar que ese padre es muy dañino para ese chico”. Cuando se dispone una exclusión del hogar, se busca también proteger el derecho a la familia; primero se intenta que el chico se quede con su familia ampliada, como abuelos o tíos. Valentín Yankelevich y su hermano Franco quedaron a cargo de su abuelo Gustavo, padre de su madre fallecida, tras la investigación de las denuncias contra Darío Giordano, viudo de Romina.

El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad trabaja en conjunto con los trabajadores sociales de los juzgados. Elaboran informes sobre cómo están los chicos y sus familias. El seguimiento es semanal o cada diez días cuando se encuentran en hogares convivenciales, y más cercano cuando el chico está con familiares.

El camino penal y el civil tienen lógicas distintas. “Como la violencia ocurre dentro de la casa, es muy difícil reunir pruebas con la certeza que exige un proceso penal. En las causas civiles, donde se define la tutela, la obligación es evitar que vuelva a ocurrir”, apuntó Watcher.

Giordano se defendió de las acusaciones de violencia intrafamiliar mediante un comunicado público en el que sostuvo que la causa por lesiones leves que lo involucraba fue cerrada y que la Justicia dispuso su sobreseimiento en el año 2018. “No es un tema de inocencia, es un tema que penalmente está cerrado”, respondió Gustavo Yankelevich y detalló que el proceso penal no pudo avanzar porque sus nietos no pudieron declarar debido al miedo que sentían. Enfatizó que la prioridad absoluta de la familia materna no era alimentar una condena penal, sino resolver la tenencia definitiva de sus nietos para que pudieran quedarse a vivir con su abuelo.

El proceso judicial

El proceso judicial obliga a los menores de edad a repetir su relato reiteradas veces desde la revelación inicial hasta la declaración formal, lo que incrementa el riesgo de revictimización. “Desde que el chico habló hasta que efectivamente puede declararlo en sede judicial lo repite al menos siete veces. Todo se basa en que el chico pueda poner en palabras lo que sucede. Es reiterar una y otra vez lo mismo, hay mucho sufrimiento, es muy revictimizante”, explicó Watcher.

Agustina Díaz Cordero, jueza nacional de familia y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, propone empezar por lo básico: que las denuncias sean accesibles y que exista una vía confidencial para los chicos. Hoy esa vía, dijo, no existe. “Es un niño que intenta sobrevivir. Hay que pensar cómo hacer para que ese niño se anime. Es necesario que sea confidencial porque existe la revancha, el miedo, la venganza. El miedo te paraliza”, sostuvo.

Explicó que la Argentina cuenta con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no con una ley de protección integral y erradicación de la violencia a los niños con un enfoque preventivo, promoviendo entornos seguros y la capacitación continua. España tiene una norma de ese tipo desde 2021: la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigencia el 25 de junio de ese año.

En nuestro país, la iniciativa que presentó con el senador Eduardo Vischi en 2023 perdió estado parlamentario y volvieron a presentarla en 2025. Entre sus ejes operativos centrales, prevé canales de comunicación seguros y confidenciales, incluida una vía como WhatsApp por la que los chicos puedan denunciar. También propone que puedan denunciar por sí mismos, sin un adulto, ante las fuerzas de seguridad, y que cada juzgado lleve un registro y estadísticas de los casos.

Exige asimismo designar un Delegado de Protección en escuelas, centros de salud y entidades deportivas, e impone medidas de seguridad digital como el etiquetado inteligente y el control parental. En los ámbitos judicial y policial, dispone la creación de unidades e investigaciones interdisciplinarias especializadas orientadas a evitar la revictimización.