La causa por el denominado Vacunatorio VIP ingresó en una nueva etapa con el comienzo de las indagatorias el 2 del corriente mes. Se trata de un avance necesario, aunque lamentablemente tardío, en una investigación que remite a uno de los episodios más deplorables de la gestión de Alberto Fernández.
La primera convocada a declarar fue la médica Lucía Antolini, quien negó las acusaciones. Su testimonio abrió la serie de audiencias que se extenderán hasta el 9 de diciembre próximo en los tribunales de Comodoro Py.
Lo que la Justicia deberá esclarecer no es un asunto menor. Durante la pandemia de coronavirus, cuando las vacunas contra el Covid-19 eran un bien tan preciado como escaso y su procedencia digitada mientras toda la población atravesaba una emergencia sanitaria devastadora, hubo personas que accedieron a ellas por fuera de los criterios de prioridad establecidos. La cercanía con el poder político se convirtió así en una credencial más valiosa que la vulnerabilidad médica o la exposición directa al virus.
La investigación del fiscal Eduardo Taiano apunta a determinar si quienes recibieron aquellas dosis tuvieron participación necesaria en el delito de peculado, es decir, en el desvío o la disposición indebida de bienes que se encuentran bajo la administración de un funcionario público. En este caso, la acusación sostiene que los beneficiarios contribuyeron a consumar los hechos al aceptar vacunas, pese a saber que no integraban los grupos habilitados para recibirlas en forma prioritaria.
Según el fiscal, esas intervenciones favorecieron el agotamiento de un recurso escaso y privaron de su acceso a personas que tenían una urgencia legítima. La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales, pero la dimensión ética y política del episodio ya excede ampliamente el resultado de las indagatorias.
Mientras médicos, enfermeros y trabajadores esenciales arriesgaban su vida, mientras adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes esperaban un turno para vacunarse y mientras miles de familias sufrían pérdidas irreparables -producto de la falta de ese insumo clave-, hubo quienes encontraron un vil atajo para obtener aquello que debía distribuirse con criterios sanitarios. De ningún modo puede aceptarse -como pretenden ser justificados los responsables de semejante despropósito- que lo ocurrido haya sido una mera transgresión burocrática. Configura un inadmisible quiebre de la igualdad ante la ley frente a una tragedia humanitaria colectiva.
El escándalo salió a la luz a partir de una investigación periodística que reveló la existencia de inoculaciones reservadas en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para personas elegidas a dedo por funcionarios. La revelación provocó la renuncia del entonces ministro Ginés González García, quien fue investigado, pero no llegó a ser procesado. Falleció en 2024.
La salida del cargo del entonces funcionario no alcanzó para acallar los ecos de la inmoralidad de un gobierno que debía garantizar transparencia, equidad y cuidado, pero que eligió hacer todo lo contrario. La administración de una emergencia sanitaria exige reglas claras y controles rigurosos, no circuitos reservados para quienes puedan acceder a ciertos despachos.
Entre las personas llamadas a indagatoria figuran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, y el periodista Horacio Verbitsky. También fueron convocados Seza Manukian, Lourdes Noya, Matilde Noya, Dolores Noya, Félix Eulogio Guille, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, María Eva Duhalde, Juliana Duhalde, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango, Marcelo Jorge Duhalde, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua, Esteban Collazo, Hugo Curto, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor Devoto.
La investigación deberá precisar qué ocurrió en cada caso y qué conocimiento tenía cada beneficiario sobre las condiciones en las que recibió la vacuna.
Hasta el momento, solo tres personas fueron procesadas en el expediente: Marcelo Ariel Guille, exsecretario de González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias, y Alejandro Maceira, exdirector del Hospital Posadas. La jueza María Eugenia Capuchetti tiene a su cargo la causa.
El Vacunatorio VIP fue mucho más que un escándalo de nombres conocidos. Puso al descubierto una concepción del Estado en la que los recursos públicos se usaron como instrumentos de favor político, mientras el resto de la sociedad debía someterse a reglas que los amigos del poder salteaban descaradamente convirtiendo una emergencia que exigía solidaridad en una oportunidad para sacar provecho individual. La gravedad está signada por el bien supremo que estaba en juego: la vida de las personas.
La Justicia debe actuar con celeridad, independencia y sin excepciones. Es indispensable establecer cómo se distribuyeron las dosis, quiénes hicieron posible las irregularidades y qué responsabilidad le corresponde a cada uno. La memoria de los que murieron, de quienes cuidaron a los enfermos y de aquellos que esperaron vanamente su vacuna exige una respuesta seria. Ya ha pasado demasiado tiempo sin justicia.
El Vacunatorio VIP permanece como una de las expresiones más miserables de la cultura del privilegio. La impunidad no puede ser el último capítulo de esta trágica historia.