Un nuevo capítulo se abrió en la polémica por la construcción de un megatemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, en el centro porteño, en la misma manzana en la que se encuentra el Monasterio de Santa Catalina, un edificio colonial de 1745. Hace unas horas, la Subcomisión de Patrimonio de la Comisión Nacional de Monumentos se pronunció sobre la obra, con un dictamen de siete páginas al que tuvo acceso LA NACION, en el que desaconseja la construcción de un edificio con esas características. “Es incompatible con la preservación” del monasterio y de su entorno, dice.
En el documento, que lleva la firma del arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra, presidente de la Subcomisión de Patrimonio, se asegura que la construcción de un templo de estas características implica “riesgos estructurales graves, afectación del microclima, impacto visual negativo y destrucción del patrimonio arqueológico”, y agrega que la construcción propuesta altera “la lectura histórica, simbólica, estética y estructural del conjunto religioso y su entorno urbano y vulnera los principios de autenticidad e integridad patrimonial”. Por el contrario, propone que se promueva la recuperación arqueológica del predio y que se profundicen medidas de protección del entorno como la creación de un área de amortiguación en ese predio.
“La construcción de edificios en las inmediaciones del Monasterio e Iglesia de Santa Catalina es incompatible con la preservación del bien y su entorno de protección. Las obras proyectadas implican riesgos estructurales graves, afectación del microclima, impacto visual negativo y destrucción del patrimonio arqueológico. La construcción propuesta altera la lectura histórica, simbólica, estética y estructural del conjunto religioso y su entorno urbano y vulnera los principios de autenticidad e integridad patrimonial”, señala entre las conclusiones el dictamen.
Y sigue: “Se recomienda: Promover la recuperación arqueológica del conjunto conventual y las partes que lo componen. Profundizar las medidas de protección del entorno como zona de amortiguamiento o área de protección especial. Restringir la circulación vehicular, de acuerdo a las experiencias de conjuntos edilicios de similares condiciones”.
El dictamen, sobre el final, dice: “En virtud del valor histórico, simbólico, arquitectónico, urbano, territorial, ambiental y arqueológico del conjunto Monasterio e Iglesia de Santa Catalina de Siena, considerando los riesgos y afectaciones sistemáticamente aportados por un corpus documental y legal, se dictamina que no resulta viable, ni recomendable autorizar nuevas construcciones, ni excavaciones en su entorno inmediato. Dichas intervenciones comprometerían la integridad del bien, vulnerarían la normativa vigente y afectarían de manera irreversible los valores patrimoniales que fundamentan su protección”. Lleva las firmas, no solo de Ferreyra, sino que de los otros miembros de la subcomisión de patrimonio: el arquitecto Rafael Mariano Montes de Oca, vicepresidente; la licencia María del Carmen Magaz, vocal secretaria (Coordinadora Subcomisión Patrimonio); el arquitecto Martín Blas Orduna; el arquitecto Fernando Luis Martínez Nespral; la arquitecta María Patricia Mariño y doctora María Cristina Vera, todos ellos vocales.
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