Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Flores a Sajjad Samiei Naserani, un ciudadano iraní que había sido condenado a la pena de cuatro años y medio de cárcel al ser encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y falsificación de documento público.
Según informaron fuentes oficiales, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti rechazaron un “recurso de hecho deducido” presentado por la defensa de Naserani y dejaron firme la condena dictada en 2020.
“El recurrente no cumplió con los requisitos previstos. Por ello, se desestima la presentación directa”, se sostuvo en el fallo del máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION.
La detención del iraní fue ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°6 tras un pedido hecho por la fiscal general Fabiana León, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
El caso comenzó el 12 de marzo de 2019, cuando Sajjad Naserani y su pareja, la arquitecta Manzoreh Sabzali, llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Air Europa procedente de Madrid. Para hacer los trámites migratorios presentaron pasaportes que habían sido denunciados como robados en Israel el 7 de enero de ese mismo año y que fueron adulterados: tenían impresas fotos de sus rostros, pero los datos de identificación correspondían a ciudadanos israelíes.
Sabzali usó un pasaporte falso con la identidad de la israelí Rivka Toledano. Naserani presentó el pasaporte falso con la identidad del israelí Netanel Toledano.
A pesar de que el sistema recibió la “alerta naranja” de la base de datos I-24/7 de Interpol relativa a esos documentos, los funcionarios de Migraciones les devolvieron los pasaportes sellados –luego de hacerles firmar, a sus poseedores, un formulario que daba cuenta de la advertencia de la Organización Internacional de la Policía Internacional por “la pérdida” de esos pasaportes.
Finalmente, el 14 de marzo de ese año, detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal salieron a rastrear a los dos extranjeros que habían logrado entrar en la Argentina con pasaportes robados en Israel. Los encontraron en el Hotel Arc Abasto, de Lavalle al 3000, en la zona de Once, donde se habían registrado.
Como informó oportunamente LA NACION, durante la investigación, que estuvo a cargo del ahora jubilado juez federal Luis Rodríguez y del fallecido fiscal Jorge Di Lello, se determinó que ambos ciudadanos iraníes tenían contacto con una banda internacional dedicada a la “sustracción –ya sea por robo o hurto– de documentos de identificación personal que posteriormente eran sometidos a maniobras de adulteración”.
Esa banda tenía tentáculos en España, Portugal, Inglaterra, Grecia, Turquía e Irán, según detectaron los investigadores.
Al momento de las detenciones, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) admitió el error del “personal de supervisión que debía autorizar el ingreso de los dos ciudadanos extranjeros, porque no verificó adecuadamente la información de que disponía, máxime cuando, además, existe desde hace más de dos años un protocolo para tales casos que advierte al personal que debe tenerse el máximo cuidado con este tipo de alertas, en particular cuando surgen respecto a pasaportes de determinadas nacionalidades, entre ellas, la israelí, en razón de haberse detectado fraudes con esa documentación”.
El 15 de diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°6 condenó a ambos sospechosos a la pena de tres años de prisión en suspenso por utilización de documento público falso, pero los absolvió por el delito de asociación ilícita; en consecuencia, ordenó la inmediata liberación de ambos y recomendó a la DNM que los expulsara de la Argentina.
El fallo causó indignación en la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, quien en su alegato había pedido penas de siete años de prisión para Naserani y de cuatro años y medio para Sabzali.
“En mis años de fiscal nunca he advertido que se pudiera otorgar la libertad a dos personas a las que condenaron, que no tienen residencia en la Argentina, que no tienen arraigo, que tienen la posibilidad, como hicieron en Portugal hace unos años, de obtener pasaportes falsos en el término de un día y que no tienen documentos”, sostuvo la fiscal Baigún, en su momento, a la agencia de noticias Télam.
Un año después, en diciembre de 2021, la Cámara de Casación Penal revocó el fallo que había beneficiado a Naserani y lo condenó como miembro de una asociación ilícita de carácter internacional dedicada a la adulteración y uso de documentación, eventualmente con fines de tráfico de personas y otros fines espurios, incluido el terrorismo.
Ante el fallo firmado por los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Guillermo Yacobucci, la defensa de Naserani presentó un recurso extraordinario, que fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal.
El 25 de abril de 2023, el máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmó la condena por asociación ilícita y falsificación de documento público. En cambio, la jueza Ángela Ledesma propuso conceder el planteo de revisión solicitado por la defensa, a cargo del abogado Pablo Mateo Tesija.
Entonces, la defensa de Naserani recurrió ante la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el recurso y dejó firme la condena. Ahora, el ciudadano iraní está tras las rejas para cumplir la sentencia.