El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, se encaminaba esta noche a aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en una extensa sesión que apunta a terminar en la madrugada del viernes en una votación que promete una ajustada definición en algunos de los capítulos, en particular el que modifica la Ley de Manejo del Fuego.
La sesión se desarrollaba sin inconvenientes en el recinto. No pasó lo mismo en las afueras del Congreso, donde la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos violentos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.
La votación del proyecto se calcula para después de la medianoche como consecuencia de la gran cantidad de oradores que se anotaron para participar de la discusión.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos y a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego para levantar los impedimentos para disponer de los predios de zonas productivas y pastizales afectados por un siniestro.
“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas (sic) y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago en un contexto donde la gente no llega a fin de mes y se endeuda”, atacó el kirchnerista Mariano Recalde (Capital) el proyecto impulsado por el oficialismo.
La respuesta del bloque libertario no se hizo esperar. “Durante años se protegió la ocupación ilegal y se castigó al que invertía, con este proyecto pretendemos devolver la garantía a la propiedad privada, blindar el proceso judicial de trampas procesales y poner orden donde antes había caos”, replicó María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada llegó al debate sin el capítulo de extranjerización de tierras. Aunque ya se sabía desde el miércoles a la tarde, lo hizo oficial ante el pleno de la Cámara alta el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, Agustín Coto (Tierra del Fuego).
El capítulo cayó por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas.
Sin embargo, el proyecto mantiene otros temas que prometen un acalorado debate en el recinto.
Uno de ellos es el capítulo relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Se trata del capítulo II del proyecto que establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato. El proyecto también modifica el régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Se incluye un capítulo de regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión por 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego sancionada por impulso del kirchnerismo en el gobierno de Mauricio Macri, eliminando las restricciones a la utilización y venta de pastizales y predios productivos afectados por incendios.
No obstante, se mantiene la prohibición de modificar el uso y destino en caso de incendio de bosques nativos y reservas forestales, tal cual está establecido en sus respectivas legislaciones.
Como parte de la pulseada política con el kirchnerismo, el oficialismo evitó a poco de iniciado el debate un intento de la bancada peronista para que el proyecto vuelva a discutirse en comisiones, lo que hubiera dado por concluida la sesión. La moción, planteada por el jefe de la bancada peronista, José Mayans (Formosa), fue rechazada por 31 votos a favor y 38 en contra.
La sesión había arrancado poco después de las 14.15 con la votación a mano alzada y sin controversia para girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.
A pesar de que ambos senadores fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la propuesta de enviar el tema a comisión que formuló la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), fue aprobada sin debate y con la anuencia del kirchnerismo, bloque en el que la jugada de Fernández Sagasti no tenía el apoyo de todos sus integrantes.