El Senado comenzó a debatir esta tarde el denominado proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, norma que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que, según la postura del Gobierno, busca flexibilizar el régimen de regularización de ahorros y la simplificación de las declaraciones juradas tributarias.
El temario de la sesión incluye, también el debate de un proyecto de ley de modificación al régimen vigente de producción de biocombustibles.
Sin embargo, y aún. cuando el oficialismo logró abrir el recinto para tratarlo, todavía persisten algunas dudas sobre la solidez de los votos que se requieren para aprobar biocombustibles, lo que pone en duda si el texto que impulsan las provincias del noroeste, que está último en el orden del día, llegará a debatirse.
El proyecto de Inocencia Fiscal II es impulsado por el Poder Ejecutivo y fue aprobado por Diputados a fines de agosto último. En su paso por la Cámara baja, se prohibió de manera taxativa que los funcionarios públicos puedan acceder al régimen, una cláusula inspirada en Manuel Adorni y los avatares patrimoniales del exjefe de Gabinete.
Según los argumentos del oficialismo, la norma apunta a disminuir las exigencias informativas para los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales controles y permitir la regularización de inconsistencias tributarias sin que ello suponga la pérdida de beneficios.
Así lo dijo el miembro informante de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero (San Juan), al defender el proyecto en el inicio del debate. “Lo más humano que tiene el proyecto es que simplifica el trámite” para la regularización impositiva.
“Acá no hay problema constitucional, se aplica el principio de igualdad y no afecta la capacidad de pago de los contribuyentes”, agregó.
Desde el kirchnerismo se cuestionó el proyecto, cargando las tintas en las facilidades que se otorgan para blanquear dineros sin necesidad de justificar su procedencia.
Nosotros pensamos que la presunción de inocencia no legitima el origen del patrimonio; adherir a un régimen simplificado no significa un certificado de buena conducta patrimonial”, afirmó Jorge Capitanich (Chaco), quien calificó le iniciativa como una “reforma parcial e inconexa”.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. Si la reforma se aprueba, podrán incorporarse contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que expandiría de manera considerable el alcance del sistema simplificado.
La iniciativa, además, modifica el margen de intervención de ARCA para cuestionar declaraciones. El organismo solo podría objetarlas cuando identifique diferencias relevantes y debidamente fundadas, con un criterio asociado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. También se habilita la rectificación de declaraciones sin exclusión automática del régimen, siempre que el contribuyente regularice su situación.
El tramo más controvertido de la propuesta se concentra en sus consecuencias políticas y fiscales. Para el Gobierno, la norma apunta a construir un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes, además de incentivar el ingreso de fondos al circuito formal.
Sus detractores, en cambio, sostienen que el texto funciona como un blanqueo encubierto y que podría convertirse en un instrumento de alivio tributario demasiado amplio, con ventajas para sectores de mayor capacidad económica y un eventual efecto negativo sobre la recaudación.
En el debate, el oficialista Olivera Lucero no le escapó a las acusaciones de la oposición y responsabilizó a las políticas del kirchnerismo por la decisión de los ahorristas de mantener sus fondos fuera del sistema financiero.
“Que haya 170.000 millones de dólares debajo del colchón es porque durante muchos años el Estado hizo las cosas mal y el contribuyente decidió sacar ese dinero del sistema formal”, dijo.
Biocombustibles
El proyecto sobre biocombustibles propone sustituir el régimen vigente por un esquema con incrementos graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición diferenciada para los distintos segmentos de la industria. El texto reúne iniciativas de varios bloques y fue negociado con especial atención por las provincias del noroeste.
La propuesta establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una parte al producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra al derivado del maíz y un tramo sujeto a competencia.
En el caso del biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% luego de un período de transición. A pesar de las críticas de los senadores de las provincias del centro del país, en el oficialismo sostienen que el régimen beneficia a todos, por lo que decidieron avanzar con el texto dictaminado en comisiones.
La reforma incorpora, además, topes a la concentración empresaria y mecanismos para asignar cupos. El aspecto más sensible es la situación de las pymes de biodiésel, mencionadas durante el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen prevé una participación reservada, aunque con una disminución progresiva hasta 2036.
Ese punto concentra la discusión principal. Las firmas más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura acelerada podría beneficiar a grandes compañías integradas verticalmente, con capacidad para producir a escala y controlar la cadena de valor.
En la vereda opuesta, los defensores de la reforma afirman que el esquema actual quedó agotado, que la intervención estatal sobre precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitiría aumentar la producción y mejorar la eficiencia del sector.