Cinco años y medio después, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió indagar al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas por servirse del “vacunatorio VIP” que durante la pandemia funcionó en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Ahora será la jueza federal María Eugenia Capuchetti la que decidirá si corresponde indagarlos a todos, a algunos de ellos o a ninguno.
El pedido del fiscal Taiano obedece a una decisión de la Cámara Federal que resolvió hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación VIP, saltándose la fila, sino sobre los que pusieron el brazo para ser vacunados.
Esa primera parte del expediente contra los funcionarios que autorizaron la vacunación ya fue elevada a juicio oral y público. Quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que tiene todos sus puestos vacantes.
Hay solo tres imputados que llegaron a juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.
También se investigaba el papel de Ginés González García, quien falleció a los 79 años, a poco de que su procesamiento fuera confirmado. El ministro renunció en febrero de 2021 tras revelarse el escándalo.
Ahora serán juzgados Eduardo y Chiche Duhalde; el empresario Seza Manukian, de Mar del Plata; Horacio Verbitsky, cuya confesión radial destapó el escándalo; el empresario Florencio Aldrey, del diario La Capital de Mar del Plata; su familares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille, integrante de la Secretaría Privada del Ministerio de Salud.
También pidieron que se indague al diputado Jorge Taiana, excanciller; al diputado Eduardo Valdés; a María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, hijas del expresidente; a Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
Integran la lista, además, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, el periodista Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), Esteban Collazo (fotógrafo presidencial que era parte de “burbuja sanitaria” de Alberto Fernández), el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor “Topo” Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.
Taiano pidió que sean citados a declaración indagatoria los 34 particulares que recibieron dosis de la Sputnik V por fuera de todo criterio sanitario.
El dictamen considera que “los elementos de prueba reunidos configuran el estado de sospecha” que precisa el Código Procesal y les atribuye a los vacunados el rol de partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, que prevé penas de dos a diez años de prisión.
El peculado es un delito en el cual un funcionario público se apropia, usa de forma indebida o desvía dinero, bienes o servicios del Estado que están bajo su control, administración o custodia por razón de su cargo.
Para el fiscal, los vacunados no fueron beneficiarios pasivos de un favor, sino parte de la maniobra. “Contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”, sostuvo.
Nadie podía alegar ignorancia, agregó, porque las campañas de vacunación fueron públicas y masivas, y las reglas de priorización “resultaban razonablemente conocidas por la ciudadanía”.
En la causa hubo una orden de retirar diez dosis asignadas al Hospital Posadas y trasladarlas al Ministerio de Salud, donde el 18 de febrero de 2021 se montó un vacunatorio precario en la antesala del despacho de González García, en el segundo piso.
Allí se inocularon Seza Manukian, Verbitsky -consignado en los registros como “Verbinsky”-, Aldrey junto a Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, Félix Eulogio Guille, el traumatólogo Salomón Schachter, Taiana y Valdés. Nueve de los diez fueron cargados en el sistema NOMIVAC bajo la categoría “Personal Estratégico”, que no les correspondía; el restante, Guille, como mayor de 60 años, segmento que tampoco estaba habilitado para recibir dosis del hospital.
El segundo hecho ocurrió antes, el 1° de febrero, cuando un vial con cinco dosis del ministerio viajó hasta el domicilio de Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. El entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, vacunó personalmente al expresidente, a su esposa, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.
La vacunación domiciliaria estaba reservada a personas imposibilitadas de trasladarse y “no existe constancia alguna de que Duhalde padeciera impedimento físico”, dijo Taiano. Indicó que el régimen especial de los expresidentes no incluye “un régimen sanitario privilegiado” y que Duhalde no consiguiera turno en su jurisdicción “no autorizaba al ministro de Salud de la Nación a conceder dosis”.
El tercer hecho es por la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a 23 personas elegidas “por razones de índole personal, familiar o de afinidad política”.
Aparecen el periodista Michi, el fotógrafo Collazo, Alsua, esposa de Zannini, el dirigente peronista Lorenzo Pepe y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde.
Curto y su esposa, Filomena Burgos, figuraban como empleados del Instituto de Previsión Social bonaerense, y Jorge “Topo” Devoto, como asesor de la Legislatura provincial. Casi todos fueron registrados falsamente como “personal de salud”.
El propio personal sanitario del Posadas todavía no había completado su esquema de vacunación. “Cuando fuimos al Ministerio de Salud a aplicar las dosis todavía no habíamos terminado de vacunar al personal de salud del hospital; había personas que ni siquiera se dieron la primera dosis”, declaró Pedro Wayar, del vacunatorio del hospital.
Otra testigo, Mirtha Jaime, describió el clima interno: los trabajadores “se sintieron defraudados y estafados por las autoridades” por la exposición al riesgo que cargaban en la primera línea.
La causa nació el 22 de febrero de 2021, tras la confesión de Verbitsky en una entrevista radial. “Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio”, afirmó. Fue luego de que periodistas del diario Clarín comenzaran a investigar la maniobra.
La confesión de Verbitsky y escándalo inmediato forzó la renuncia del ministro y su remplazo con Carla Vizzotti. En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de los vacunados por inexistencia de delito, pero tres años después, en julio de 2024, la jueza procesó a González García por abuso de autoridad y peculado.
El 17 de octubre de ese año, la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó los procesamientos del exministro, de Guille, Costa y Maceira.
La Cámara también instruyó avanzar sobre los vacunados para “aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.
“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dice el fiscal.
En noviembre de 2025, Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, requirieron la elevación a juicio de los funcionarios, y en abril pasado Capuchetti lo elevó.
Según los informes del Renaper incorporados a la causa, cuatro beneficiarios murieron: Schachter, Mao, Pepe y Miguel Ángel González, empleado del Ministerio de Desarrollo Social. Para ellos, el fiscal pidió que se declare la extinción de la acción penal por muerte.