Cuando en 1947 el Plan Quinquenal del gobierno de Juan Perón sancionaba la llamada ley Guardo se establecía que ningún alumno probadamente capaz debía dejar de acceder a la educación superior por falta de recursos económicos. El objetivo era subsidiar con becas solo a quienes no pudieran costearla. Sin embargo, la llamada gratuidad universal, a pesar de que nada es gratis, no tardó en llegar, dos años después, sin distinguir entre ciudadanos ocales y extranjeros, al compás de la manga ancha de un populismo que se extendería por décadas.
A partir de un debate a la sombra de la cantidad de estudiantes extranjeros, mayormente latinoamericanos, que cursan estudios universitarios en nuestro país, un decreto de mayo del año pasado eliminó la prohibición para que las instituciones de educación superior de gestión estatal pudieran optar por cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Bien destacan fuentes de La Libertad Avanza que esta atribución quedó en mano de las universidades que, pudiendo cobrar a los extranjeros, en ningún caso lo hacen y que “después hacen marchas y piden más presupuesto”. Sobre unos 70.000 ingresantes en 2026, solo el 2,5% correspondía a extranjeros con residencia de algún tipo, un flujo que enriquece las miradas y los aprendizajes de los locales.
Los resultados del QS Best Student Cities 2027 revelaron que Buenos Aires se consolida como la mejor ciudad para estudiantes universitarios de América Latina, a pesar de que el aumento de costos y la incorporación de aranceles conspiran contra lo que hizo atractivo el sistema. Por otra parte, la UBA es la única casa de altos estudios latinoamericana entre las 100 principales del ranking en el que participaron 1500 universidades. Ocupa el puesto 84°.
La corriente antiargentina que se activó a raíz de la última Copa del Mundo volvió a poner en el tapete la cuestión del arancelamiento universitario a extranjeros, algo ya resuelto con la vigencia del DNU 366/2025, y sumó también la atención de la salud. Algunos tuiteros libertarios reaccionaron con el mismo nivel de xenofobia que criticaron, incluso exigiendo la deportación de inmigrantes en situación irregular.
A modo de encendida respuesta, el proyecto presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, con el apoyo de 12 diputados de LLA y del presidente del bloque de Pro, propone un régimen de arancelamiento a prestaciones de salud en establecimientos públicos provinciales y retribuciones por estudios en universidades públicas bonaerenses para extranjeros sin residencia permanente. Se aclara que, en caso de urgencia, nadie podrá ser rechazado. “Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato”, sostuvo Romo. Por su parte, Juan Esteban Osaba (LLA) explicó que “cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”. Las consultas e internaciones de extranjeros en territorio bonaerense estarían por debajo del 1% del total.
En la Capital Federal, desde marzo de 2025, se implementa el cobro por la atención sanitaria a los extranjeros a partir de un proyecto de la legisladora porteña Pilar Ramírez. En el orden nacional, se estima que el 20% de las prestaciones en hospitales públicos se orientan a extranjeros y/o a pacientes extrajurisdiccionales.
Salta fue precursora en 2024, testigo de una caída del 95% en las demandas desde que se implementó el cobro a extranjeros, muchos provenientes de países limítrofes. Santa Cruz, Mendoza y Jujuy también cobran. La Casa Rosada no envió de momento un proyecto propio al Congreso Nacional, en principio porque demandaría modificar la ley de migraciones vigente para lo que debería asegurarse los debidos apoyos.
En estos tiempos, la importancia de optimizar y ordenar el uso de los recursos públicos se agiganta. Aquietar pasiones encendidas para encarar un debate racional que conduzca a los mejores resultados debe ser el primer paso.