El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó la política federal de detención aplicada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que aplicaba la detención obligatoria sin fianza a inmigrantes indocumentados. El órgano judicial dictó la sentencia el 10 de septiembre de 2026 y confirmó los fallos de habeas corpus a favor de los demandantes Oscar Enrique López García y Juan José Rivera.
Quiénes pueden acceder a audiencias de fianza en EE.UU.
- El tribunal determinó que la Sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad rige la detención de personas no ciudadanas residentes en territorio estadounidense.
- En consecuencia, la resolución establece que el ICE debe conceder audiencias de fianza ante jueces de inmigración durante los procesos de remoción.
De este modo, según el documento oficial, los jueces de la mayoría rechazaron la postura aplicada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) desde julio de 2025.
La administración pretendía utilizar la Sección 1225(b)(2)(A) para encarcelar sin fianza a cualquier extranjero presente en EE.UU. sin inspección previa.
El dictamen confirmó las decisiones de la jueza de distrito Patricia Tolliver Giles a favor de López García y Rivera. Ambos hombres recuperaron la libertad bajo fianza en noviembre de 2025 tras acreditar que no representaban un peligro para la comunidad.
La sentencia aclaró que el Congreso mantuvo históricamente una distinción clara entre quienes llegan a las fronteras y quienes habitan dentro de la nación. Por ello, la corte ratificó que las garantías del debido proceso amparan a los residentes indocumentados.
Por qué el fallo compara la detención migratoria con la Segunda Guerra Mundial
La jueza Nicole Berner, autora de la opinión mayoritaria, comparó la medida gubernamental con los episodios más oscuros de la historia nacional. La resolución evocó el encarcelamiento masivo de casi 120 mil personas de ascendencia japonesa en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial.
El tribunal calificó aquellas detenciones como una “mancha” sobre la nación y recordó la abdicación judicial frente a las libertades fundamentales. De igual forma, el fallo remarcó que aquellas medidas resultaban limitadas en alcance frente a la detención masiva de millones de personas que el gobierno pretendía justificar.
Asimismo, la opinión recordó la Ley Geary de 1892, que impuso detención y trabajos forzados a personas de origen chino que fueran consideradas sin derecho legal a permanecer en Estados Unidos.
La jueza Berner sostuvo que el confinamiento de individuos marginados sin el debido proceso revive esos momentos críticos de la historia nacional.
Por estas razones, el tribunal se negó a atribuir al Congreso la intención de autorizar el mayor encarcelamiento masivo de personas mediante un texto legal ambiguo.
La sentencia enfatizó que la Quinta Enmienda protege la libertad física frente a la custodia estatal arbitraria.
- El fallo del Cuarto Circuito respondió a la ola de peticiones de habeas corpus presentadas en los juzgados federales tras el cambio de política.
- El tribunal señaló que la interpretación defendida por el gobierno podría someter a detención obligatoria a una población estimada en seis millones de personas en todo el país norteamericano.
- Con este pronunciamiento, el Cuarto Circuito se sumó a la postura mayoritaria adoptada por otros ocho circuitos.
Estos tribunales superiores resolvieron que la ley exige otorgar audiencias de fianza a los extranjeros detenidos en el interior de EE.UU.
En contraste, los circuitos Quinto y Octavo emitieron fallos favorables a la postura del gobierno federal sobre la detención obligatoria.
Esta disparidad de criterios entre las cortes consolida una división jurisprudencial de alcance nacional sobre la materia.
Finalmente, la jueza Allison Jones Rushing redactó un voto disidente en el que respaldó la potestad del Departamento de Seguridad Nacional para mantener la custodia obligatoria. Sin embargo, la resolución de la mayoría ratificó las órdenes de liberación e impuso el criterio de elegibilidad para fianza en su jurisdicción.