Un mecánico de Pasadena, en el área de Houston, llevó su disputa contra la ciudad hasta la Corte Suprema de Texas después de casi cuatro años de conflictos vinculados con permisos y requisitos de estacionamiento para habilitar su taller. Azael “Oz” Sepulveda sostiene que las autoridades municipales mantuvieron su negocio atrapado en revisiones administrativas que le impidieron abrir el local que compró en 2021.
¿Cómo fue el conflicto entre el mecánico y el municipio de Pasadena?
Según Chron, Sepulveda adquirió una propiedad sobre Shaver Street con el objetivo de trasladar allí su empresa de reparación eléctrica automotriz con atención únicamente por cita previa. Sin embargo, la ciudad le pidió construir 28 lugares de estacionamiento para avanzar con la habilitación.
El dueño del taller afirmó que esa condición resultaba imposible de cumplir debido al tamaño del terreno y señaló que adaptar el espacio demandaría decenas de miles de dólares. Un juez del condado de Harris coincidió con ese planteo y concluyó que las exigencias municipales eran excesivas porque el lote no tenía capacidad suficiente para incorporar esa cantidad de plazas vehiculares.
Después de esa resolución judicial, ambas partes alcanzaron un acuerdo que disminuyó el requerimiento a siete espacios para vehículos. El pacto establecía que Sepulveda debía incorporar tres sectores frente al edificio y otros cuatro sobre uno de los laterales del predio. Con ese entendimiento, el emprendimiento podía continuar con el proceso de autorización. No obstante, el trámite volvió a detenerse.
De acuerdo con una decisión emitida en octubre de 2025 por la Primera Corte de Apelaciones de Houston, Pasadena rechazó nuevamente el plan preliminar del lugar por cuestiones relacionadas con la separación entre bolardos, el ancho de los carriles de acceso y otros puntos vinculados con drenajes, cordones, retiros y maniobras hacia la vía pública.
Tras esta nueva negativa, Sepulveda presentó otra demanda contra la ciudad. El empresario argumentó que el municipio incumplió el convenio previo y además vulneró garantías constitucionales asociadas con el debido proceso y la igualdad ante la ley. Las autoridades respondieron que la acción judicial había sido presentada demasiado pronto porque el propietario todavía no había completado todas las etapas administrativas ni agotado las opciones de apelación disponibles ante juntas y comisiones locales.
En una primera instancia, un juez del condado de Harris autorizó que el litigio continuara. Sin embargo, la Primera Corte de Apelaciones falló posteriormente a favor de Pasadena y desestimó la causa al considerar que todavía no existía una decisión suficientemente definitiva para habilitar la intervención de los tribunales.
Ahora, Sepulveda y sus abogados del Institute for Justice solicitaron que la Corte Suprema estatal revise el expediente. El pedido sostiene que las ciudades no deberían mantener a los propietarios atrapados en revisiones interminables antes de permitirles cuestionar decisiones gubernamentales ante la Justicia.
Los cuestionamientos de la defensa contra el proceso municipal
La abogada principal del caso, Diana Simpson, declaró ante Chron que la ciudad “no cumplió su palabra” y remarcó que, casi cuatro años después, Sepulveda todavía intenta poner en funcionamiento el taller.
La representante legal afirmó además que la Corte Suprema de Texas tiene “una larga historia protegiendo los derechos de propiedad” y consideró necesaria una nueva intervención judicial.
El escrito presentado ante el máximo tribunal también asegura que Pasadena impidió avanzar hacia la siguiente etapa administrativa. En la presentación, los abogados describieron el procedimiento como una “calesita burocrática” y acusaron a distintas ciudades de utilizar tecnicismos y revisiones constantes para desgastar a los propietarios.
Simpson agregó que estas situaciones ocurren “con frecuencia” en Texas y sostuvo que algunos organismos gubernamentales recurren a “trucos procesales” para evitar que los tribunales analicen conductas consideradas inconstitucionales.