Albert Einstein definió la locura como la tozudez de los hombres que repiten de manera ininterrumpida, sin solución de continuidad, las mismas acciones y esperan que los resultados sean diferentes. La mención viene a cuento de lo que sucede en nuestro país con la Justicia. En una primera aproximación al tema, cabría decir que desde hace décadas nos quejamos, en mayor o menor medida, del mal funcionamiento de la judicatura, sin detenernos a pensar siquiera por un momento, que algo esencial a lo cual no le hemos prestado la debida atención puede ser la causa de la lentitud, incompetencia y corrupción que aqueja al tercer poder del andamiaje republicano.
Carece de sentido que después de todas las idas y venidas que se han ensayado en punto a la cuestión, los supuestos beneficios que debían traer aparejadas las sucesivas reformas puestas en funcionamiento por diferentes administraciones brillen por su ausencia. ¿Por qué hay causas de la mayor trascendencia que duermen el sueño de los justos en el cajón de algún juez federal, sin que nadie sea capaz de agilizar su trámite? ¿Por qué existen magistrados que, en menos de lo que canta un gallo, cambian de parecer en temas donde se hallan en juego cifras millonarias? ¿Por qué, desde tiempo inmemorial, es de todos conocido que los jueces provinciales y federales -salvo honrosísimas excepciones- llegan a sus despachos de la mano de los gobernadores de turno? ¿Por qué son moneda corriente los concursos verdaderamente escandalosos, que premian a unos respecto de otros postulantes, no en virtud del mérito sino de determinados intereses creados?
Preguntas por el estilo sobran y distan de agotar el tema. Al tratar de responderlas, es menester ir al meollo del mal: el sistema con base en el cual se elige y se remueve a los jueces entre nosotros. Como la Justicia no es una fuerza todopoderosa e impoluta que goza de la potestad de funcionar sola, o si se prefiere, como requiere ser aplicada por magistrados encargados de interpretarla y obrar en consecuencia, si estos fallan por corruptos, ignorantes o tornadizos, el tinglado judicial se envicia sin remedio.
En todos los cambios habidos -que han sido innumerables en el curso de los últimos ochenta años- hay una constante: la clase política se ha reservado siempre para sí el derecho de elegir a los jueces y, llegado el caso, de removerlos. Sin ir más lejos en el Consejo de la Magistratura la mayoría de sus integrantes provienen de los partidos políticos y en el Senado, que presta su acuerdo para el nombramiento de los magistrados, solo se sientan políticos. En resumidas cuentas, de dos poderes -el Legislativo y el Ejecutivo- depende el dato clave del tercero de los poderes.
La suerte de los jueces depende así de una casta que busca impunidad. Por eso es que la Justicia en la Argentina ha sido desde hace mucho tiempo transaccional: se cambian favores por el nombramiento de jueces que, en instancias claves, no van a sentenciar de acuerdo con los códigos sino a los intereses en juego. Los nombres de Norberto Oyarbide, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Walter Bento, Martín Poderti y tantos más, son un claro ejemplo de lo expresado.
Cuesta entender el motivo merced al cual no ha habido un solo caso en que se haya aplicado una ley -la de la inversión de la carga de la prueba- para juzgar a los cientos de diputados, senadores, gobernadores, intendentes, concejales y presidentes que hicieron el arribo a sus cargos con una mano atrás y otra adelante, y salieron de la función pública multimillonarios. Si, en cambio, se saca al zorro del gallinero, el giro que se obraría tendría dimensiones copernicanas.
Por supuesto que no se conocen en la historia sistemas infalibles de ningún tipo, y sería una desmesura sostener que las ideas que dejaremos expuestas blindarían cualquier atisbo de inconducta, extravío o componenda. Pero sin que se redujese a una minoría la incidencia de la política partidaria en el nombramiento y la remoción de los jueces y, en su lugar, hubiese un jurado de notables elegidos de las academias nacionales, los colegios profesionales y los profesores eméritos de Derecho, por ejemplo, se habría dado un paso gigantesco no para eliminar toda la corrupción -que es imposible- pero sí para reducir a la mínima expresión posible la impunidad de la clase política y sus cómplices.