La doctrina internacional denominada “área de influencia” que el presidente de EE.UU. Donald Trump viene imponiendo – a países independientes de América y también a países soberanos más allá del continente- representa un retroceso para el presente y futuro mantenimiento de la paz mundial y para la sostenibilidad de la democracia con estado de derecho. Esta doctrina impositiva abiertamente declarada por el actual gobierno de EE.UU. se define como una estrategia de política exterior a través de la cual una potencia dominante declara su aspiración al control político, económico y/o militar sobre un “área” compuesta por países independientes conllevando así a la exclusión de otras potencias rivales (tal como hoy lo es China para Estados Unidos).
Durante siglos, la historia geopolítica mundial ha demostrado que esta anacrónica doctrina ha causado conflictos bélicos ya que colisiona con el derecho internacional y con todas las constituciones nacionales que sin excepción garantizan las soberanías e independencias nacionales. Por ejemplo, la Doctrina Monroe aplicada durante la presidencia de Estados Unidos por James Monroe en 1823 exigía a los imperios europeos que no intervengan política, económica o militarmente en América. Un segundo ejemplo en la aplicación de dicha doctrina fue la Guerra Fría, cuando entre 1948 y 1991 el mundo quedó dividido en esferas o áreas de influencia con un bloque ideológico occidental liderado por Estados Unidos y otro oriental adversario liderado por la Unión Soviética.
La actual “Doctrina Donroe” públicamente declarada en varias oportunidades por Trump es aún más perniciosa, ya que exige la sumisión de todos los países de América a los designios de la política exterior trumpista y además ha declarado ambiciones de incorporar a Canadá, al Canal de Panamá y a Groenlandia (actualmente parte autónoma de Dinamarca) al territorio nacional de EE.UU. Dentro del marco de la aplicación de esta “doctrina”, el caso puntual de Venezuela de manera coercitiva o el caso de la Argentina a través del cerrado alineamiento ideológico del presidente Milei, hoy representan un intento de captura exclusiva por parte del gobierno de Trump de los recursos energéticos (hidrocarburos), minerales estratégicos y áreas marítimas de estos dos países con el fin de que EE.UU. pueda prevalecer tecnológicamente y militarmente en su competencia y potencial conflicto bipolar con China. El actual apoyo irrestricto del gobierno de Trump a las autoridades de Venezuela –que representan una continuidad del gobierno autocrático de Nicolás Maduro- constituye un quid pro quo para la explotación monopólica e irrestricta norteamericana de los recursos naturales venezolanos. Hasta hoy, los dos países económicamente más poderosos de América Latina, Brasil y México, junto a Canadá, se han resistido a capitular ante esta doctrina neocolonialista del presidente Trump.
Debemos tener en consideración que toda demanda política, económica o militar impuesta por Estados Unidos a otros Estados soberanos sin que exista la previa e independiente aprobación de los poderes legislativos y judiciales de la Argentina y de Venezuela representan un ejercicio de poder norteamericano que generará probablemente a futuro conflictos políticos internos, disturbios sociales e inestabilidad regional. En el caso de Estados autocráticos como el de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, o crónicamente débiles como el de la Argentina, esto hace mucho más fácil que las imposiciones norteamericanas se concreten fácilmente.
El efecto multiplicador mundial de la “Doctrina Donroe” será similarmente desastroso. Dictaduras y autocracias como las de China o Rusia hoy declaran impunemente sus propias “áreas de influencia” en otras regiones del planeta. Así, la versión propia de zona de influencia de un autócrata se superpondrá con la versión de zona de influencia de otro autócrata, conduciendo eventualmente así a nuevos y más frecuentes conflictos armados. Al mismo tiempo, las democracias más recientes se verán debilitadas por las cada vez más frecuentes acciones belicosas de China, declarando su propia área de influencia – por motivaciones histórico nacionalistas, como en el caso de Taiwán – o de Rusia – con su ficticio relato histórico zarista como es el caso de la invasión rusa a Ucrania y sus constantes amenazas contra Moldova y los países bálticos. A esto se suman acciones similares -por motivos político-económicos- de parte de otras potencias regionales como Indonesia, Turquía o Arabia Saudita. Esta fragmentación geopolítica, derivada del intento de imponer “áreas de influencia”, conducirá así a más incidentes militares, como los ataques que hoy orquesta el Estado Chino contra la soberanía marítima de Filipinas y de Vietnam, o los “ataques híbridos” del Estado Ruso junto a su camuflada delincuencia organizada que ya tuvieron lugar contra territorios de la Unión Europea en Alemania, Bulgaria, Polonia y Suecia. La posibilidad de más conflictos bélicos tradicionales entre Estados llevará por lo tanto a una ausencia de coordinación internacional para poder contener a las más graves y urgentes amenazas transnacionales, como el cambio climático o potenciales pandemias.
Ante este cuadro internacional, democracias más vitales y más desarrolladas, como la de Canadá, han comenzado a tejer alianzas políticas y económicas con democracias europeas, como la reciente declaración de ese país como “miembro asociado” de la Unión Europea, para fortalecer así una resistencia colectiva internacional ante la Doctrina Donroe u otras similares basadas en “zonas de influencia”, ya anunciadas e impuestas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin a Ucrania y a demás países de Europa, o por su homólogo chino, Xi, a Taiwán y a diversos países que rodean al Mar de China.
En este contexto internacional, el futuro volverá a demostrar que el retorno a un orden internacional de reglas basadas en el fortalecimiento de las democracias con estado de derecho, aún con sus imperfecciones, representa el único y más efectivo camino hacia la seguridad mundial. La hostilidad internacional que representan la “Doctrina Donroe” y las que emanan hoy de China y de Rusia justifican que, con urgencia, la política exterior de nuestras democracias se coordinen con mucha mayor efectividad y pasen de la actual pasividad retórica reactiva a un activismo de resistencia, con medidas coordinadas en política exterior (como el ya mencionado acuerdo Canadá-UE), basadas en el estado de derecho internacional y en el libre comercio, junto a cuatro categorías de sanciones (económicas, diplomáticas, militares y ambientales), que podrían ser necesarias contra los gobiernos que continúen ejerciendo doctrinas internacionales autocráticas y belicosas.
La historia mundial nos enseña que la paz nunca se alcanza a través de apaciguar a los agresores seriales. Las graves amenazas existenciales que enfrentan hoy las sociedades y Estados que viven en democracia justifica adoptar estas propuestas económicamente costosas, para evitar retornar a las muchas más costosas tragedias bélicas mundiales que ya ha padecido la humanidad.