La muerte de Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero ocurrido en 2020 derivó en una discusión sobre la privacidad de las víctimas y el comportamiento de quienes intervienen en escenas de tragedias. Como respuesta, Gavin Newsom promulgó una ley que desde 2021 convirtió en delito que determinados socorristas tomen fotografías de personas fallecidas sin un fin oficial o de verdadero interés público.
Kobe Bryant: el origen de la ley que firmó Gavin Newsom
La legislación corresponde a la Assembly Bill 2655, presentada por el asambleísta Mike Gipson y aprobada por el gobernador Gavin Newsom el 28 de septiembre de 2020. Aunque fue sancionada ese año, sus principales disposiciones comenzaron a aplicarse el 1° de enero de 2021, fecha desde la cual permanece en vigor.
De acuerdo con el texto de la ley, la medida surgió para incorporar al Código Penal de California un nuevo delito vinculado con la invasión de la privacidad por parte de los primeros respondedores de una emergencia.
Hasta entonces, la legislación estatal ya prohibía la reproducción o difusión de fotografías tomadas por el forense del cuerpo de una persona fallecida, pero no existía una restricción específica para que otros integrantes de los equipos de emergencia capturaran imágenes en el lugar de un accidente o de un crimen.
California: qué prohíbe la AB 2655
La ley creó la Sección 647.9 del Código Penal de California, que establece que un primer respondedor que actúe en el ejercicio de sus funciones y acuda a la escena de un accidente incurre en un delito menor si toma fotografías de una persona fallecida para cualquier propósito distinto de un objetivo oficial de las fuerzas del orden o de un auténtico interés público.
La prohibición alcanza a cualquier medio utilizado para obtener la imagen. Esto incluye tanto dispositivos electrónicos personales como equipos pertenecientes a la agencia para la que trabaja el funcionario.
La norma también fija una sanción concreta. Cada infracción puede castigarse con una multa de hasta 1000 dólares, al tratarse de un delito menor previsto expresamente por la nueva disposición incorporada al Código Penal. Según el texto de la AB 2655, la responsabilidad recae sobre el primer respondedor que capture la imagen fuera de las excepciones contempladas por la ley.
La legislación define además quiénes son considerados “primeros respondedores”. Dentro de esa categoría se encuentran:
- Policías estatales y locales.
- Paramédicos.
- Técnicos en emergencias médicas.
- Personal de rescate.
- Administradores de emergencias.
- Bomberos.
- Forenses.
- Empleados de las oficinas forenses.
California: los argumentos que respaldaron la iniciativa
El análisis elaborado para la votación final de la iniciativa en la cámara legislativa explica que la propuesta restringe determinadas conductas vinculadas con la toma de fotografías, una actividad protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Sin embargo, el documento sostiene que la medida fue diseñada de forma limitada, ya que solo alcanza a una categoría específica de funcionarios públicos que ejercen un cargo de confianza y únicamente respecto de imágenes particularmente sensibles obtenidas durante el desempeño de sus funciones.
El mismo análisis aclara que la ley no modifica los derechos de los ciudadanos particulares ni autoriza a funcionarios públicos a impedir que personas privadas realicen acciones que no están comprendidas en esta prohibición. Esa explicación figura en el análisis legislativo elaborado para la votación de concurrencia de la AB 2655.
El propio autor del proyecto, Mike Gipson, explicó en ese documento el contexto que motivó la iniciativa. Allí sostuvo: “Todavía lloramos la memoria de Kobe Bryant, su hija Gigi y otras siete personas que perdieron la vida en un accidente de helicóptero la mañana del 26 de enero de 2020. Sin embargo, lo que descubrimos después fue inaceptable: quienes tenían la tarea de responder a esta tragedia distribuyeron de manera inapropiada imágenes que tomaron de la escena para su propio entretenimiento personal”.
También afirmó que esas conductas “podrían causar daños civiles o responsabilidades para las agencias afectadas y son invasivas respecto de la privacidad de las familias”, razón por la cual impulsó la creación del entonces nuevo delito.