El juicio oral por el ataque incendiario ocurrido el 5 de mayo de 2024 en el barrio porteño de Barracas, en el que murieron Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa y sobrevivió Sofía Castro Riglos, comenzó este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal.
El acusado, Justo Fernando Barrientos, de 69 años, llega al debate detenido y procesado por homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, mediando violencia de género, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de tres personas y en grado de tentativa respecto de la cuarta damnificada. La pena prevista para esta calificación es prisión perpetua. En la primera audiencia se negó a declarar.
La jornada contó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio rubricados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y por las tres querellas. Dos de las partes acusadoras privadas habían solicitado la transmisión de las audiencias a través de YouTube al interpretar que se trata de un caso de relevancia pública. El tribunal integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander resolvió que solo se transmitirán aquellas jornadas en las que los testigos sean peritos, expertos o funcionarios públicos.
Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque, finalmente no declarará por recomendación de su equipo médico debido al impacto traumático que todavía le provoca el hecho. El viernes 22 seguirá el juicio con la declaración de dos policías que intervinieron la trágica noche, según informó la Procuración General en su sitio institucional fiscales.gob.ar.
El caso, que conmocionó al país y generó fuertes reclamos de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTI+, tiene como eje uno de los episodios de violencia por prejuicio más graves registrados en los últimos años en la Argentina. La acusación sostiene que Barrientos atacó deliberadamente a las cuatro mujeres por su orientación sexual. De hecho, el requerimiento de elevación a juicio firmado por la fiscal Susana Calleja definió que los crímenes se produjeron en un contexto previo de discriminación “por odio a su orientación sexual de lesbianas y mediando violencia de género”.
La noche del horror
El hecho ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión situada en Olavarría al 1600, en Barracas. Según la investigación judicial, el imputado, que vivía en el mismo establecimiento, arrojó una bomba molotov −“una bola de fuego”, describieron los testigos− dentro de la habitación donde descansaban las cuatro mujeres y luego intentó impedir que escaparan mientras avanzaban las llamas.
Las consecuencias fueron devastadoras: Pamela Cobbas murió pocas horas después del incendio en el Instituto del Quemado. Roxana Figueroa falleció dos días más tarde, también con quemaduras gravísimas. Andrea Amarante, sobreviviente de la tragedia de Cromañón, murió el 12 de mayo en el Hospital Penna tras permanecer internada con el 75% del cuerpo quemado. Sofía Castro Riglos logró sobrevivir luego de permanecer internada durante semanas y atravesar múltiples tratamientos médicos.
La acusación contra Barrientos incluye los agravantes de odio de género y orientación sexual, alevosía, ensañamiento y utilización de un medio idóneo para generar un peligro común. La querella pidió que el hecho sea considerado un “lesbicidio”, mientras que la fiscalía incorporó además el contexto de discriminación y violencia estructural contra personas LGBTI+.
En paralelo al inicio del juicio, Amnistía Internacional acompañó el reclamo de justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias. La directora ejecutiva de la organización en el país, Mariela Belski, sostuvo que el debate oral representa “un paso clave para que este crimen no quede impune” y reclamó que el proceso avance con perspectiva de género y diversidad.
La organización recordó además que los crímenes motivados por prejuicios “no son hechos aislados”, sino que se desarrollan en contextos de discriminación y estigmatización, y remarcó la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar este tipo de violencias.
El juicio continuará con nuevas audiencias programadas para el 22 de mayo y luego cada diez días hábiles. Mientras tanto, el Tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de Barrientos en un caso que se convirtió en símbolo de la violencia por odio en la Argentina reciente.
“Escenario regresivo”
En diálogo con LA NACION, desde Amnistía Internacional explicaron que en febrero de 2025 presentaron aportes técnicos ante la Justicia argentina en su carácter de expertos en derecho internacional de los derechos humanos.
En dicho escrito, la organización subrayó la obligación del Estado de llevar adelante una investigación exhaustiva, diligente e imparcial que garantice el acceso a la justicia para las víctimas del crimen de Barracas. Hicieron hincapié en que se deben investigar desde el inicio los motivos subyacentes de la violencia y dar apertura a líneas de investigación que permitan analizar si el crimen estuvo motivado por el prejuicio contra la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
Ante la gravedad de la situación, Amnistía le informó a este diario que alertó “sobre este escenario regresivo en materia de derechos de las mujeres y personas LGBTI+ ante organismos internacionales”, incluyendo a las Naciones Unidas y al sistema interamericano de derechos humanos.
Finalmente, precisaron que la querella de Sofía Castro Riglos −quien también actúa en nombre de su pareja fallecida, Andrea Amarante, que tenía 42 años, era sobreviviente de Cromañón y estaba embarazada− propuso formalmente a la organización para que intervenga como testigo experto en la causa.
De ser aceptada esta solicitud por el tribunal, Amnistía Internacional participaría durante la etapa de testimonios del juicio oral para brindar información técnica y especializada sobre los estándares internacionales que deben regir en casos de crímenes motivados por la orientación sexual o identidad de género.