Los inmigrantes que soliciten una green card desde el 18 de septiembre serán sometidos a un nuevo análisis, para determinar si pueden convertirse en una “carga pública”. El cambio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) amplía los elementos que podrán intervenir en la evaluación de aplicaciones.
Green card desde septiembre: qué cambia con la nueva regla de carga pública del Uscis
La nueva regulación del Uscis elimina disposiciones de la regla de 2022 que limitaban los elementos que podían utilizar los oficiales para determinar si una persona probablemente se convertiría en una carga pública. Según la regla final publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Federal Register, ese marco era “indebidamente restrictivo” y dificultaba las evaluaciones sobre los solicitantes.
La modificación devuelve a los funcionarios mayor discrecionalidad para analizar cada expediente según la “totalidad de las circunstancias”. Entre los factores obligatorios establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) aparecen la edad, la salud, la situación familiar, los activos, los recursos, la situación financiera, la educación y las habilidades.
Además, los oficiales podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos y otros elementos específicos de cada caso para evaluar la capacidad de autosuficiencia del solicitante.
La medida alcanzará a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente a partir del 18 de septiembre, además de las solicitudes de admisión realizadas desde esa fecha. Los beneficios recibidos antes de ese día quedarán sujetos al marco establecido en 2022.
Medicaid, SNAP y otros beneficios que podrán influir en la evaluación de la green card
La nueva regla permite que los funcionarios consideren la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos como parte de la evaluación individual. El esquema anterior acotaba los programas considerados.
De acuerdo con The American Prospect, la guía de 1999 se concentraba en dos categorías: la asistencia monetaria destinada al mantenimiento de ingresos, como Supplemental Security Income (SSI) y Temporary Assistance for Needy Families (TANF), y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.
La regulación de 2026 rescinde el marco implementado durante la administración de Joe Biden y amplía los elementos que pueden ingresar en la determinación. El análisis podrá contemplar beneficios federales y estatales junto con las circunstancias particulares de cada solicitante.
Carga pública: el DHS estima que 1,27 millones podrían dejar o evitar beneficios sociales
El propio Uscis estimó que 1,3 millones de personas podrían abandonar programas como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), SNAP, TANF, SSI, asistencia federal para alquiler y WIC.
Según The American Prospect, el alcance puede extenderse a hogares cuyos integrantes no necesariamente estén sujetos a una determinación de carga pública. El DHS reconoció que entre quienes podrían dejar de utilizar programas o evitar inscribirse figuran tanto extranjeros como ciudadanos estadounidenses que forman parte de familias con diferentes estatus migratorios.
Sarah Krieger, asesora principal de políticas de apoyo económico y sanitario del National Immigration Law Center (NILC), explicó a The American Prospect que investigaciones anteriores identificaron una disminución en el acceso a programas esenciales entre grupos más amplios que los directamente alcanzados por estas políticas, especialmente entre niños ciudadanos estadounidenses.
Green card y carga pública: quiénes están alcanzados y qué inmigrantes quedan exentos
Entre las personas alcanzadas se encuentran los extranjeros que están dentro de Estados Unidos y solicitan un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes legales mediante el formulario I-485, según el análisis económico incluido en la regulación.
Existen categorías migratorias exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública. A su vez, determinados solicitantes considerados inadmisibles pueden acceder a una exención o recibir la posibilidad de presentar una garantía económica.
Quienes ya poseen la residencia permanente legal tampoco atraviesan nuevamente este análisis de manera ordinaria, debido a que fueron sometidos a esa evaluación al obtener una visa de inmigrante, ingresar a EE.UU. como inmigrantes o ajustar su estatus. Existen excepciones para determinados casos de reingreso a Estados Unidos después de un viaje al extranjero.