SANTA FE.- ¿Es legal que la provincia quiera cobrarle a una familia $6.000.000 porque su hijo escribió una amenaza de tiroteo en la escuela y no sucedió nada? La polémica, que tal vez no tenga resolución inmediata, se instaló después que el gobierno santafecino comenzó a ejercer una acción de reclamo monetario directo contra las familias de los menores identificados como autores de tales amenazas.

Es el caso de una familia radicada en esta capital, quien presentó la primera impugnación formal cuestionando la legalidad del cobro sin intervención judicial.

A partir de la misma, se estima que habrá una catarata de similares presentaciones, en casos que se iniciaron después de la tragedia en una escuela de San Cristóbal, al norte de esta provincia, el 30 de marzo pasado, donde un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta y disparó sobre varios alumnos, asesinando a uno de 13 que cursaba el primer año y ocasionando heridas a otros 8 estudiantes.

Desde ese momento, y por varias semanas, en decenas de establecimientos educativos de la provincia aparecieron mensajes escritos en sanitarios alertando que habría tiroteos en una determinada fecha.

Caso testigo

Pero el caso que inició la acción penal y la consecuente apelación, se originó a partir de un episodio protagonizado en la ciudad de Santa Fe por un alumno de entre 12 y 13 años, quien habría participado en un “desafío viral” que derivó en la difusión de una nota con contenido intimidante.

Tras la notificación del Estado santafecino, la defensa apeló la pretensión señalando que el hecho ocurrió fuera del establecimiento educativo y fue rápidamente reconocido por el propio menor ante sus padres y autoridades escolares. Además, cuestionó la legalidad del cobro sin intervención judicial.

La cuestión no pasó inadvertida ya que durante varias semanas, en decenas de establecimientos educativos de la provincia aparecieron mensajes escritos alertando que habría tiroteos en una determinada fecha.

Según trascendió, hasta el viernes pasado, se habían registrado 48 notificaciones a familias por este tipo de amenazas.

En el caso mencionado, una familia de Santa Fe presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Seguridad provincial luego de recibir una notificación que les exige el pago de más de $6.200.000 por un operativo desplegado a raíz de una falsa amenaza en un establecimiento educativo.

El abogado que representa a la familia sostuvo que ya se realizó una presentación por mesa de entrada cuestionando la legalidad del procedimiento y el monto exigido. Planteó que la resolución no contaría con el sustento jurídico necesario para su aplicación directa.

Desde la defensa se argumenta que el hecho no encuadraría en una figura penal de amenaza, sino en otro tipo de conducta vinculada con la intimidación, y que además se trataría de una situación originada en un contexto escolar sin consecuencias materiales.

También se objeta que el Estado pueda fijar y cobrar el costo de un operativo sin intervención judicial previa, señalando que cualquier resarcimiento debería ser determinado por un tribunal competente que evalúe el daño real.

El planteo sostiene que la decisión administrativa vulneraría principios de legalidad al no estar respaldada por una norma de jerarquía suficiente para imponer ese tipo de sanción económica de manera directa.

Opiniones

LA NACION consultó al doctor Néstor Oroño, reconocido profesional del foro local, para quien “de acuerdo con el artículo 1754 del Código Civil y Comercial los padres son solidariamente responsables por el hecho dañoso de los hijos menores que se encuentren bajo su responsabilidad y habiten con ellos.

“El tema más polémico, en los casos que han tomado estado público, tiene que ver con dos cuestiones, tal vez, de carácter probatorio. Primero, determinar la efectiva intervención del menor en el hecho. Segundo, la cuantía del daño causado con el hecho. Creo que esta es fundamentalmente la cuestión más sensible, establecer y probar la cuantía del daño. Por lo que veo, la provincia reclama de manera estandarizada una suma bastante discrecional, que para las posibilidades de pago de alguna gente está totalmente fuera de su alcance”, puntualizó.

Ante la insistencia, Oroño explicó: “No hay duda sobre la responsabilidad legal de los padres respecto de los hijos menores a su cuidado y cohabitación. La cuestión tiene que ver con la prueba de la intervención en el hecho por parte del menor, la extensión del daño causado. Estrechamente ligado a esto, la razonabilidad del reclamo que efectúa el estado provincial. En mi particular punto de vista es en este último donde pueda tener un sesgo de debilidad la pretensión del Estado. Pero aun así, entiendo que la pretensión de la defensa de esa familia no alcanza para morigerar las pretensiones, acorde a la entidad del daño que pueda apreciarse o probarse. No obstante, creo que los jueces, llegado al momento, van a ser sensibles y atender la situación particular de los involucrados. Esto último en honor a una cuestión equidad (justicia aplicada al caso concreto)”.

Por su parte, Rodolfo Mingarini, patrocinante de la familia intimada por el gobierno provincial a pagar los $6.200.000, rechazó la medida. “No tiene por qué pagar en estas condiciones. No solamente no puede afrontar semejante monto, sino que además el Ministerio de Seguridad no tiene fundamento jurídico para exigirlo” porque el reclamo “no justifica técnicamente” cómo fue calculado el monto exigido.

“Acá –remarcó-, el rechazo fue precisamente por la falta de prolijidad y por la invalidez de la propia pretensión del Ministerio de Seguridad, que requiere un pago sin explicar cuáles son los números o cómo se ponderó técnicamente ese monto”.