CÓRDOBA.- Dos días después de que los tenedores de bonos defaulteados por La Rioja pidieran a la Justicia de Estados Unidos ejecutar activos provinciales en empresas estatales como el Banco Rioja o el Parque Eólico Arauco, funcionarios de Ricardo Quintela descartaron riesgos y aseguraron que tienen “voluntad de pago” pero apuntaron a la Nación por afectar su situación financiera por la “falta de transferencia de fondos”.
Encabezados por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, varios funcionarios provinciales dieron una conferencia de prensa para subrayar que “no existe riesgo de embargo ni de ejecución sobre el Banco Rioja ni sobre el Parque Eólico Arauco”.
Además, sostuvieron que “las versiones que circularon forman parte de una interpretación distorsionada de la situación financiera provincial”.
“Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana”, dijo Luna Corzo. Las “versiones” a las que apuntaron los funcionarios son, en realidad, la presentación de los bonistas representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ante la Corte del Distrito de Massachusetts pidiendo ejecutar “activos estratégicos” provinciales, entre los que mencionan las participaciones en el Banco Rioja y el Arauco (PEA), con el objetivo de satisfacer fallos judiciales ya firmes por el incumplimiento de pagos.
Los funcionarios sostuvieron que “la soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del estado de Massachusetts en la república Argentina”.
“Las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración -sostuvo Luna Corzo- No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento”. En esa línea recordó que las negociaciones llevan más de un año y que la prioridad del Ejecutivo es “no poner en riesgo el pago del salario a cambio del pago de los bonistas”.
Además, la funcionaria subrayó que las “dificultades financieras que llevan a este tipo de situaciones están directamente vinculadas con el incumplimiento de la Nación en la transferencia de los fondos que legítimamente le corresponden a nuestra provincia”. “Esos recursos -incluidos fondos extra coparticipables previstos en presupuestos anteriores- fueron discontinuados, lo que impactó directamente en las finanzas provinciales”, precisó. El reclamo fue judicializado ante la Corte Suprema hace más de dos años.
“La voluntad de diálogo de nuestra parte siempre estuvo. Lo que está faltando es la predisposición por parte de la Nación”, definió. El enfrentamiento entre Quintela y Javier Milei viene desde antes de que ganara la presidencia e incluso se profundizó en los últimos tiempos cuando el Gobernador dijo que “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″.
Sobre las negociaciones con los bonistas, Luna Corzo indicó que “la voluntad del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia”. A su vez, añadió que el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son “activos de los riojanos, van a seguir siendo de la Provincia y los vamos a defender judicialmente con todas las herramientas disponibles”.
Los funcionarios plantearon que no hay un escenario “de colapso ni de pérdida de activos” sino un proceso de negociación en curso para reordenar la deuda en condiciones sostenibles. Los bonistas, en su última presentación, afirmaron que no hay negociaciones.