CARACAS.– La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó este jueves una Ley de Amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, tiene un alcance limitado y no garantiza la liberación de cientos de presos políticos —entre ellos militares—, en momentos en que algunos familiares cumplían su quinto día de huelga de hambre para exigir la excarcelación de sus allegados.
La norma contempla la posibilidad de liberar a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre 2002 y 2025. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió en enero tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, impulsó una serie de medidas en línea con demandas de la administración de Donald Trump, incluidas reformas legales, cambios en la política petrolera y la excarcelación de detenidos que organizaciones humanitarias consideran presos políticos.
El Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez —hermano de la mandataria interina y promotor original del proyecto—, realizó el segundo debate exigido por la legislación venezolana para su sanción definitiva. Durante la sesión, el titular del cuerpo agradeció el trabajo de los legisladores y afirmó: “Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los dolores”.
El texto aprobado establece amnistía para quienes hayan participado en protestas políticas y en “acciones violentas” vinculadas al fallido golpe de Estado de 2002, así como en manifestaciones o procesos electorales desarrollados en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, excluye a quienes fueron condenados por “rebelión militar” en relación con los hechos de 2019.
La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía. Un borrador previo sí mencionaba figuras como instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, rebelión y traición.
Tampoco prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores.
Numerosos dirigentes opositores y exfuncionarios disidentes permanecen fuera del país para evitar órdenes de detención que consideran de carácter político.
Si bien la norma permite que quienes se encuentren en el exterior designen un abogado para tramitar la solicitud, exige su comparecencia personal en Venezuela para que la amnistía sea efectiva.
Además, el beneficio solo alcanzará a quienes “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que podría dejar afuera a quienes continúan su activismo desde el extranjero.
La disposición también prevé la cancelación de órdenes de captura internacionales para quienes resulten beneficiados.
Quedan excluidos de la amnistía los condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico y corrupción, así como quienes promuevan, respalden o ejecuten “acciones armadas” contra Venezuela y su población con apoyo de Estados o entidades extranjeras.
Los tribunales deberán pronunciarse sobre las solicitudes en un plazo de 15 días.
Mientras funcionarios oficiales aseguran que cerca de 900 personas fueron liberadas en el último año, la organización Foro Penal contabiliza 450 excarcelaciones de los considerados presos políticos desde el 8 de enero.
En paralelo, una huelga de hambre iniciada el 14 de febrero por familiares de detenidos frente a la sede policial conocida como Zona 7, en Caracas, se dio por finalizada este jueves tras la aprobación de la ley.
De las diez mujeres que comenzaron la protesta, solo permanecía una, Narwin Gil. Los familiares siguieron la sesión parlamentaria desde un campamento improvisado bajo un toldo, a través de la transmisión en un teléfono celular, a la espera de que la norma se traduzca en liberaciones concretas.
Con información de Reuters