La diputada Marcela Pagano y su pareja el abogado Franco Bindi, de lazos con el mundo de la inteligencia, tuvieron un revés judicial. La Cámara Federal de Casación les denegó un recurso extraordinario contra el fallo que les rechazó presentarse como imputados y acceder al expediente en la causa en que se investigan las grabaciones clandestinas que dieron origen al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Se trata de las compras de medicamentos para discapacitados con supuestos sobreprecios y de manera cartelizada, por la que está procesado el extitular de la Andis Diego Spagnuolo.
Este expediente se originó en la filtración de supuestas grabaciones de Spagnuolo en las que admitía el pago de coimas y hablaba de que Karina Milei cobraba un 3 por ciento de los pagos.
Apenas estalló el escándalo, el Gobierno apuntó a Pagano como la sospechosa de haber granado esos audios y a su marido Bindi, un abogado que representó intereses de Venezuela en la Argentina y se lo asoció con las negociaciones con el gobierno de ese país para el retorno del gendarme Nahuel Gallo.
Ante los rumores que ligaban a Pagano y Bindi con la filtración de los audios de la causa Andis, ambos se presentaron para ser considerados imputados y acceder al expediente de ese supuesto espionaje ilegal. Se lo negaron en primera instancia, en la Cámara Federal y fueron entonces a la Cámara Federal de Casación.
Ahora la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, denegó el recurso extraordinario interpuesto por Pagano y su pareja, contra el rechazo de su queja.
Con este recurso, la pareja quería que se revise una decisión de denegarles el acceso al expediente y permitir que se presenten con un abogado defensor, ya que no se encuentran formalmente imputados en la causa.
La causa se inició el 1 de septiembre de 2025 mediante una denuncia del Ministerio de Seguridad en la que se puso en conocimiento que se filtraron audios ilegales, que fueron grabados en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei y en el Congreso, vinculados a Martín Menem.
Los hechos denunciados consisten en la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Las conductas formarían parte del ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante la posible violación a la ley de Inteligencia Nacional Nro. Ley 25.520, señala la denuncia que tiene el fiscal Carlos Stornelli.
Según la denuncia, el propósito de los autores era influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en 2025.
De momento, la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la decisión de las instancias anteriores de mantener por fuera del expediente a la dupla Pagano-Bindi.