La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó la semana pasada un nuevo capítulo clave en los tribunales de Estados Unidos. El fondo Burford Capital presentó el 6 de febrero una carta ante la jueza Loretta Preska para pedir que rechace el pedido de suspensión (stay) del proceso de discovery formulado por la Argentina y permita que continúe el avance del expediente, incluidos los reclamos por sanciones y desacato.
La presentación de Burford responde al pedido de freno total impulsado por la defensa argentina, que busca detener la etapa de obtención de información posterior a la sentencia de primera instancia. Desde la Procuración del Tesoro explicaron a LA NACION que se trata de un trámite puntual, distinto de la apelación de fondo contra el fallo que condenó al país a pagar US$16.100 millones por la estatización de la petrolera, y que ambos procesos corren por carriles separados.
En términos técnicos, el stay es una suspensión judicial que pone en pausa un trámite específico. En este caso, la Argentina busca frenar el discovery, la etapa en la que los demandantes solicitan documentos e información para identificar bienes embargables que podrían usarse para ejecutar el fallo. Un ejemplo es el oro del BCRA. Se trata de un procedimiento distinto de la apelación de la sentencia de fondo, que continúa su curso en paralelo.
En su escrito, Burford sostuvo que la Argentina no cumple con los requisitos legales para acceder a una suspensión. Argumentó que el país no demostró probabilidades concretas de éxito en la apelación, que no existe un daño irreparable que justifique el stay y que los costos o la complejidad del discovery no alcanzan, por sí solos, para frenar el proceso. Además, afirmó que permitir la suspensión perjudicaría a los demandantes, al congelar una etapa clave para avanzar en la eventual ejecución del fallo.
El fondo fue más allá y planteó que la conducta procesal del Estado argentino juega en su contra. En la carta, describió una “estrategia sistemática de dilación”, con incumplimientos reiterados de órdenes judiciales, presentaciones tardías e incompletas y testigos que —según los demandantes— no estaban preparados para responder sobre activos relevantes, como las reservas de oro del Banco Central o los acuerdos con China. A criterio de Burford, ese historial impediría conceder una medida de carácter excepcional como el stay.
Desde el Gobierno rechazan esa interpretación. “El pedido de suspensión se presentó después de casi dos años de intentos de colaboración, en un proceso que se volvió insólito y desproporcionado”, señalaron fuentes oficiales. Según explicaron, Burford tenía derecho a oponerse —como lo hizo ahora—; luego la Argentina presentará su réplica y finalmente será Preska quien decida si concede o no la suspensión.
La Procuración remarcó que la presentación del fondo no invalida la posibilidad de que la jueza otorgue el stay. Y subrayó un punto central de la estrategia oficial: si Preska rechaza el pedido, la Argentina elevará de inmediato el reclamo a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, como ya ocurrió en instancias previas del juicio, entre ellas cuando se ordenó el turnover del 51% de las acciones de YPF. En aquel antecedente, la jueza denegó el freno, pero la Corte sí concedió la suspensión mientras analizaba el planteo.
“Ahora estamos en el circuito de la suspensión del proceso, no en una instancia de apelación”, aclararon desde la Procuración. La distinción es clave: el stay apunta a detener el discovery y los procedimientos vinculados a sanciones y desacato, mientras que la apelación de fondo contra la sentencia millonaria sigue su curso en paralelo y aguarda una definición que fuentes oficiales consideran inminente.
En el calendario inmediato, el 19 de febrero la Argentina presentará sus argumentos para rechazar el pedido de sanciones y desacato formulado por los demandantes. Luego de la réplica oficial, la jueza quedará en condiciones de resolver si frena o no el avance del proceso.