Este miércoles, poco antes del mediodía, se registraron incidentes en la puerta de la Secretaría de Trabajo a raíz de una protesta por los despidos y el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.
La manifestación comenzó en la avenida Leandro N. Alem al 650. En medio del reclamo, la Policía de la Ciudad montó un operativo para evitar el corte de circulación y aplicó el protocolo antipiquetes, lo que derivó en el uso de gas pimienta, corridas de manifestantes y empujones con los uniformados.
De la concentración también participaron delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Bancaria y organizaciones de izquierda.
Tras esto, los trabajadores fueron dispersados. Además, la Policía Federal (PFA) formó un cordón de agentes puertas adentro de la Secretaría, que conduce Julio Cordero, para prevenir que los manifestantes ingresen a la fuerza, según pudo saber LA NACION.
Conciliación obligatoria
Para hoy está prevista una reunión entre el Gobierno, representantes de la empresa de Javier Madanes Quintanilla y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) con el objetivo de extender la conciliación obligatoria, que vence hoy, por cinco días más mientras se busca una resolución al conflicto.
El 18 de febrero, la empresa anunció el cierre de su planta en San Fernando y despidió a más de 900 empleados. En ese marco, se gestó un fuerte reclamo por parte de los trabajadores para que vuelva a funcionar la fábrica, pero todavía no se solucionó el conflicto.
“Hay distintos gremios. Nos impidieron llegar y nos empezaron a reprimir. Nosotros estamos en calles peatonales. Los trabajadores están peleando por sus puestos de trabajo. ¿Bajo qué protocolo se puede reprimir en calles peatonales?“, expresó la diputada de izquierda Myriam Bregman. Y apuntó contra el Gobierno: “Menos piripipí (sic) y más acción contra los que se lo merecen. [El presidente Javier] Milei no se anima. Nos agrede y contra ellos no se anima”, agregó.
Desde la cartera laboral señalaron a LA NACION que la conciliación puede extenderse, aunque la decisión dependerá del resultado del encuentro. En las audiencias previas no hubo avances: la empresa ratificó su decisión de mantener paralizada la planta de Virreyes y el sindicato insistió en la reapertura inmediata y la reincorporación de todos los trabajadores.
Del lado empresario, la compañía sostiene que no están dadas las condiciones técnicas y de seguridad para retomar la actividad y denunció una ocupación ilegal del establecimiento, algo que el sindicato rechaza. En las audiencias anteriores, la firma solicitó el desalojo del predio para verificar el estado de las instalaciones y afirmó que acatará plenamente la conciliación una vez que existan garantías operativas.
Con la conciliación a punto de expirar y sin señales de acercamiento sustantivo entre las partes, la definición oficial sobre una eventual prórroga será determinante. Si el Gobierno decide extenderla, buscará ganar tiempo para forzar una negociación. Si no lo hace, el conflicto podría trasladarse con mayor intensidad al terreno judicial y político, en un sector atravesado por la tensión entre apertura comercial, la baja actividad y la caída del empleo.