Hace ya 262 años, el jurista italiano Cesare Beccaria escribió un texto sabio breve e iluminador al que llamó “De los delitos y las penas”. Allí abordó los tiempos procesales. Sostuvo que la pena debía seguir al delito con rapidez y que los procesos debían ser lo más breves posible. Su idea central era que la justicia tardía pierde eficacia y se vuelve injusta. O, en sus propias palabras, “cuanto más pronta y cercana al delito sea la pena, tanto más justa y útil será”.
¿Qué opinaría el marqués si analizara los tiempos y comportamientos del Poder Judicial argentino? ¿Qué diría al conocer que demoró apenas 18 años en cerrar el caso Antonini Wilson con una condena? Ha transcurrido tanto tiempo que ni siquiera están vivos los máximos responsables políticos -y acaso más que políticos- de aquel entramado delictivo: Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Estamos ante la consolidación de una impunidad biológica, donde el paso del tiempo actúa como el mejor abogado defensor de la corrupción.
Tanto o más preocupante es que el caso Antonini Wilson no es la excepción que confirma la regla, sino un ejemplo cabal de cómo funciona el Poder Judicial cuando debe abordar investigaciones sensibles, complejas o que involucran a poderosos. El caso Siemens comenzó en 1998, al igual que el caso IBM, pero ambas causas siguen inconclusas en los tribunales, al igual que las referidas a Skanska y a YPF, ambas de 2006, a las que podemos sumar los expedientes Hotesur (2014), Odebrecht (2016), Correo Argentino (2017), Cuadernos (2018) y tantos más.
Tan irresolutivos son la mayoría de los tribunales argentinos que experimentamos la paradoja de no registrar condenas en investigaciones en las que sus propios protagonistas han admitido delitos urbi et orbi. Durante las últimas tres décadas, multinacionales como Siemens, Odebrecht, IBM, Ferrostaal, Ralph Lauren, Stryker Corporation, Helmerich & Payne, Ball, Biomet, Dallas Airmotive y Sterycicle admitieron en Estados Unidos que pagaron sobornos en la Argentina, pero ninguna de ellas registra una condena –o siquiera una multa- en el país.
La situación orilla con lo pornográfico. Siemens, por ejemplo, admitió en Alemania y en Estados Unidos sus irregularidades en la Argentina. En ambos países debió abonar multas y someterse a auditorías, además de acumular ejecutivos condenados en Munich. Pero no solo eso. El otrora jefe financiero de la empresa en la Argentina viajó a Nueva York y se declaró culpable allí por lo ocurrido aquí. Y aún así, en los tribunales argentinos sigue impune, al igual que todos los demás acusados, que van muriéndose. Entre ellos, el expresidente Carlos Menem.
Ante semejante panorama, cabe también preguntarse si estamos ante “fallas” en el sistema de administración de justicia o si en realidad el sistema está montado para garantizar la impunidad a los peces grandes. Resulta inquietante, sin ir más lejos, que no dotemos a los fiscales de recursos legales y herramientas tecnológicas para desentrañar las rutas del dinero sucio.
Las estadísticas, los ejemplos y los indicios están allí para quienes quieran verlos. Ante el cúmulo de evidencias incriminatorias que surgió alrededor del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y sus acólitos durante los últimos meses, por ejemplo, el primer objetivo de los principales acusados fue lograr que ciertos “jueces benévolos con el delito” quedaran a cargo de los expedientes más complicados. Y celebraron a lo grande cuando lo lograron.
Sería injusto, por supuesto, quedarnos solo con lo que ocurre con algunos tribunales federales de Comodoro Py, donde trabajan los jueces y fiscales con jurisdicción y competencia para investigar a funcionarios nacionales por delitos contra la administración pública. Hay allí y en todo el país muchos magistrados y magistradas dignos, probos y trabajadores. Tampoco podemos perder de vista la relevancia y sensibilidad de tantos otros fueros, como el contenciosoadministrativo federal o el comercial.
Del mismo modo, no podemos soslayar que decenas de miles de litigios previsionales se acumulan en los tribunales, sin obtener una respuesta satisfactoria y definitiva durante años -a veces, décadas-, mientras que miles de expedientes más se suman cada año, con el consiguiente perjuicio para aquellos que solo reclaman un derecho humano insatisfecho: justicia. La percepción social se nutre de la parálisis sistémica.
Ese reclamo de justicia es el que también sobrevuela sobre expedientes sensibles que siguen su lento transcurrir en los tribunales, como los antedichos “Cuadernos” u “Hotesur–Los Sauces”, a los que debemos sumar el del memorandum con Irán. Pero dado el presente de nuestros tribunales, cabe preguntarnos cuándo llegará la etapa de definiciones para los expedientes que afectan al actual Gobierno, como el caso Libra o el caso Andis. ¿Acaso cuando Javier Milei deje el poder?
Allá por 1963, el gran referente de los derechos civiles en Estados Unidos Martin Luther King fue arrestado en Alabama. Tras las rejas redactó la célebre “Carta desde la cárcel de Birmingham”, en la que ahondó en los mismos preceptos que dos siglos antes había abordado Cesare de Beccaria. “La justicia demasiado tardía -remarcó King- es justicia denegada”.
Ojalá aprendamos los argentinos de los gigantes que nos precedieron.