El sueño de alcanzar la legalidad en Estados Unidos se transformó en una pesadilla de extorsión y pánico para varias familias del área de Houston, quienes depositaron sus ahorros y su confianza en la persona equivocada. Bajo la promesa de agilizar trámites de ciudadanía y residencias permanentes, una mujer logró sustraer decenas de miles de dólares con una operación desde un punto de encuentro cotidiano.
El encuentro frente a un “taco truck”: se hizo pasar por agente migratoria para una estafa
- Según informó Chron, Irma Aidde Hernández, de 45 años, fue acusada de robo agravado después de supuestamente hacerse pasar por agente de inmigración para obtener dinero de familias que buscaban regularizar su estatus en Estados Unidos.
- El caso comenzó a tomar forma tras varios episodios ocurridos entre el 25 de julio y el 23 de septiembre del 2025.
La primera denunciante relató que conoció a la mujer fuera del camión de comida Taco Jeep, ubicado en el 1609 de Edgebrook, en Houston. La víctima llevaba una década de intentos por obtener la residencia para ella y su esposo, y la acusada, tras notar placas mexicanas en su vehículo, comenzó a preguntarle por su situación migratoria.
Allí le aseguró que trabajaba en una oficina de inmigración del área de Houston y que podía acelerar el proceso por US$12.000. Durante los tres meses siguientes, la víctima realizó transferencias mediante la aplicación Zelle, convencida de que pagaba por un servicio legítimo.
La supuesta gestora incluso organizó un viaje. Primero pidió trasladarse a Laredo para retirar documentos migratorios, pero luego cambió el destino al aeropuerto de Monterrey, México, donde solicitó US$300 adicionales para completar el trámite.
Cuando la víctima amenazó con denunciarla, la acusada respondió con intimidaciones: “Si voy a la cárcel y sufro, haré que tú sufras haciendo desaparecer a tu familia”, habría dicho, de acuerdo con la denuncia.
Más víctimas y un patrón repetido: el monto total asciende a US$40.000
De acuerdo con Houston Chronicle, el caso no era aislado. Tras la primera denuncia, la policía descubrió al menos otras cuatro personas afectadas por la misma modalidad. Todas habían tenido contacto con la sospechosa en el mismo entorno: el taco truck del sur de Houston o por recomendaciones de conocidos.
Las víctimas afirmaron que la mujer se presentaba como agente migratoria, empleada del gobierno federal o persona con conexiones tanto en Estados Unidos como en México. Bajo esas credenciales falsas prometía acelerar residencias y ciudadanía.
Una pareja pagó US$1950 por supuestos trámites, mientras otra denunciante entregó US$4565 entre junio y agosto. En total, las autoridades estiman que el monto acumulado de la estafa ronda los US$40.000.
Durante un allanamiento a su vivienda, los investigadores hallaron numerosos documentos con datos personales de familias completas, algunos fechados desde 2023. También encontraron miles de mensajes de texto que ayudaron a identificar nuevas víctimas potenciales.
Meses de miedo y amenazas para las familias que intentaron denunciar
Según relató una de las afectadas a Click2Houston, la experiencia no solo implicó pérdidas económicas, sino también temor constante. La mujer, ciudadana estadounidense desde los 19 años, explicó que su esposo llevaba 17 años con intentos por regularizar su situación sin éxito.
“Siempre nos decían lo mismo, que él no calificaba y que tenía que salir del país”, contó. Cuando la sospechosa le aseguró que podía ayudar, la familia depositó sus ahorros destinados a comprar una casa.
La mujer narró que viajó a México con la creencia de que retiraría la tarjeta de residencia de su esposo. Allí comenzó a sospechar y amenazó con denunciar. Fue entonces cuando recibió una advertencia: si acudía a las autoridades, su familia sería atacada antes de regresar a Texas.
Tras el episodio, dejó de permitir que su hija menor viajara sola en autobús escolar por miedo a represalias. “Te cambia totalmente la vida porque no sabes si alguien te está vigilando”, explicó.
Arresto y proceso judicial: liberada bajo fianza
La investigación llevó al arresto de Hernández en febrero. Fue acusada de robo agravado y represalias, y liberada posteriormente tras pagar una fianza de US$20.000. Detectives señalaron que al menos cinco víctimas confirmadas presentaron denuncias, aunque creen que podrían existir más casos.
Las autoridades pidieron a posibles afectados que contacten a la policía sin importar su estatus migratorio. El detective Jon Jernigan enfatizó que el objetivo es ayudar a las víctimas: su situación legal no influye al momento de denunciar un delito.
El caso reveló un método claro. La acusada identificaba a personas con necesidades migratorias, generaba confianza al asegurar vínculos oficiales y solicitaba pagos elevados por supuestos trámites acelerados. Luego prolongaba el proceso con excusas, viajes innecesarios y nuevas solicitudes de dinero.
El lugar clave de captación era el camión de tacos del sur de Houston, donde la interacción casual permitía detectar posibles víctimas. Después, la comunicación continuaba por mensajes y aplicaciones de pago.
La policía sostuvo que la mujer se aprovechó deliberadamente del temor a la deportación para evitar denuncias durante meses, lo que explica por qué algunas víctimas tardaron tanto en acudir a las autoridades.