El fallo de la Corte Suprema, que restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros, le dio aire al Gobierno. La resolución favorece sus intentos por desactivar la megasesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23 sin pagar un costo político significativo. Si el número para habilitar el debate en el recinto estaba lejos, ahora todavía más.
Es que ofrece una vía de escape a los diputados indecisos, mayoritariamente de bloques provinciales, que se encontraban en la incómoda posición de tener que defender una cuestión sensible para sus distritos, pero sin intención de hacer caer el megadecreto y desobedecer a sus gobernadores. “Les dio la excusa perfecta”, dijo un legislador opositor, sobre el curso de acción que podrían adoptar ahora los cordobeses que responden a Martín Llaryora o los santafesinos de Provincias Unidas, como Gisela Scaglia.
Los apoyos para alcanzar el quorum se reducirían hoy a 115 votos, incluso en el cálculo más favorable, según el conteo de algunos diputados al tanto de las negociaciones. Una cifra que deja a la oposición a 14 voluntades de las 129 necesarias para habilitar el debate en el recinto.
Pese al giro que representa, la definición de la Corte resultó “hiperesperable” tanto para libertarios como para opositores, aunque con efectos políticos bien distintos para unos y otros. Esta semana, legisladores de Unión por la Patria (UP) y otros bloques críticos ya daban por descontado que, a más tardar el martes, llegaría un “salvataje” por parte del máximo tribunal. Y por ende, asumían la dificultad de dar con las voluntades necesarias para avanzar con la sesión.
Sin embargo, anticipaban que llevarían hasta las últimas consecuencias el intento de voltear el DNU 70/23 del Gobierno. “No podemos, no debemos bajarnos”, advertían. Tras el pronunciamiento de la Corte, ratificaron la convocatoria para el próximo jueves 15 de octubre, si bien admiten algunos que “se diluye el corazón de la convocatoria”.
En efecto, la ausencia de límites a la venta de tierras a extranjeros tocó de lleno la discusión sobre la soberanía y despertó un fuerte rechazo social y cuestionamientos de buena parte del arco político. La polémica empujó a legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales a cerrar filas en defensa de la normativa, envalentonados por la posibilidad de retomar una vieja disputa: hacer caer el megadecreto de Milei.
Discapacidad y morosidad
Despejada, a priori, la cuestión de tierras, la oposición buscará apoyarse el próximo jueves en otros dos focos críticos para el Gobierno, que fueron incluidos estratégicamente en el temario de la convocatoria: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la que refiere a morosidad familiar. Dos temas que podrían servir de anzuelo para convencer a los indecisos de bajar al recinto.
RECULANDO EN CHANCLETAS
La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original.
El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura.
Más allá de… https://t.co/C44QwN7TSY— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 9, 2026
También sigue de cerca la marcha universitaria convocada para ese mismo día en reclamo de mayor financiamiento, con la expectativa de que la movilización sume presión política.
A fines de contener la avanzada, el oficialismo intentará dar señales de “autonomía” respecto de la decisión de la Corte la próxima semana e insistirá con la maniobra que ya había ensayado para desactivar la sesión: incorporar el debate sobre la Ley de Tierras al tratamiento en comisiones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Aunque los libertarios ya evaluaban esta alternativa, la decisión tomó forma el miércoles, cuando sus aliados les exigieron una respuesta inmediata en una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.
De esta forma, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 —hoy suspendido transitoriamente por la Corte— e introducir modificaciones a la Ley de Tierras.
Eso sí, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar al 25% el límite del 15% de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.
Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un “marco jurídico” para la adquisición de tierras por extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, con el objetivo de blindar el megadecreto frente a un eventual rechazo legislativo.