La discusión en Flybondi ya no es si presenta el concurso preventivo, sino cuándo lo hace, cómo traza la estrategia y ante qué juez. La compañía de Leonardo Scatturice ya tendría decidida la presentación —es cuestión de días, según coinciden varias fuentes al tanto de las conversaciones— y en las últimas semanas ejecutivos del sector recorrieron estudios jurídicos de la City porteña para averiguar cuál era la mejor estrategia que les presentan.
Lo que encontraron no es un plan de reestructuración: es un plan de radicación del difícil expediente del contrato. ¿Por qué difícil? Por dos razones. La primera, porque la empresa tiene muchas más deudas que activos como para responder por ellas; la segunda, porque la continuidad de la compañía mientras tramita el proceso está lejos de estar asegurada.
La idea que se trabaja en la empresa es que el concurso de FB Líneas Aéreas SA, la razón social de Flybondi, tramite en el mismo juzgado comercial que lleva el concurso preventivo de OCA, la empresa de logística que Scatturice compró en diciembre pasado. El fundamento sería que ambas integran un solo grupo económico. El efecto, en paralelo, es esquivar el juzgado que hoy tiene los pedidos de quiebra contra la aerolínea y que, por prevención, es el que naturalmente debería quedarse con la causa.
Detrás de esa maniobra hay un problema que la empresa no puede resolver de otro modo: Flybondi no tiene suficientes activos ni flujo con qué concursarse.
La aerolínea no es dueña de sus aviones —los tiene en leasing, y los propietarios ya prohibieron volarlos hasta que se regularicen las deudas— y tampoco tiene inmuebles. El inventario se reduce a algunos vehículos, muebles y, sobre todo, a bienes intangibles: el valor comercial de las rutas, los certificados de vuelo y la marca. En el mercado estiman que el pasivo ronda los US$120 millones y que los activos están lejos de llegar al 10% de esa cifra.
Ahí aparece la utilidad del encuadre grupal. La ley de concursos, cuando dos o más empresas de un mismo conjunto económico se presentan en conjunto, establece que la competencia corresponde al juez que debería entender en el concurso de la sociedad con el activo más importante. Flybondi no tiene activos; OCA tiene camiones, depósitos, miles de empleados y un flujo comercial constante. Presentada como grupo, la causa cae donde está OCA. La empresa no elige el juzgado: arma la situación para que el juzgado la elija a ella.
El mismo mecanismo podría permitir ofrecer una propuesta unificada a los acreedores, con las mayorías computadas sobre el conjunto del grupo. Es lo que en la empresa describen como darle “entidad” a un concurso que solo no la tiene.
El juzgado que buscan no es cualquiera: es el que ya conoce al grupo. OCA Log entró en concurso en junio de 2025, con un pasivo enorme, del cual alrededor del 80% era deuda impositiva. El juez de primera instancia había rechazado la apertura con el argumento de que la empresa era operativamente viable; la Cámara Comercial revocó esa decisión y habilitó que la deuda fiscal entrara dentro del proceso concursal, invocando la preservación de la empresa y de los puestos de trabajo.
Scatturice compró OCA seis meses después de esa apertura. Es decir, compró una empresa que ya estaba concursada. En febrero de este año, el fondo COC Global Enterprise anunció cambios en las cúpulas de Flybondi y de OCA, sumó la mayoría accionaria de Flecha Log y presentó un plan logístico regional integrado. Aquel anuncio, que en su momento se leyó como una noticia de negocios, hoy bien podría tener una lectura ben distinta: la necesidad de acreditar que el conjunto económico existe y está exteriorizado.
De ese armado, dicen en la empresa, podría salir una FB saneada. Hay quienes sostienen que ese es el verdadero destino del expediente: la compañía que en el mercado ya bautizaron OCA Air. Si el único activo con valor de Flybondi son las rutas y el certificado de explotador aéreo, y OCA aspira a competir en logística regional, lo que pueda surgir del concurso no sería una aerolínea de pasajeros recuperada, sino un operador de carga con las deudas licuadas. En la compañía consideran que con apoyo político el esquema es posible.
No es todo tan sencillo
La estrategia, pergeñada puertas adentro, no es compartida por buena parte de los abogados consultados. El argumento es de una sencillez brutal: un concurso sin dinero termina inexorablemente en la quiebra.
Una cosa más. El artículo 65 de la ley 24.522 dice que “dos o más personas, físicas o jurídicas, que integren en forma permanente un conjunto económico pueden pedir en conjunto su concurso preventivo”. Existen dos condiciones de mucha importancia: la solicitud debe comprender a todos los integrantes sin exclusiones, y el juez puede desestimarla si no queda acreditada la existencia del grupo.
Eso abre dos preguntas. Primero, cuántas sociedades tendría que arrastrar Scatturice a la presentación: si el conjunto económico incluye a Flecha Log y al resto del armado logístico, no puede elegir llevar solo las dos que le convienen. Segundo, y más de fondo: el artículo dice “soliciten conjuntamente”. OCA se concursó en junio de 2025. Si Flybondi se presenta ahora, no es una petición conjunta, es un concurso nuevo pidiendo radicación por conexidad.
Flybondi no vuela. En julio completó apenas el 5,4% de sus operaciones programadas y entre el 6 y el 10 de agosto canceló 66 vuelos consecutivos. YPF le exige pago anticipado por el combustible. Los sueldos están impagos desde junio y hay más de 700 indemnizaciones sin abonar. Un proceso concursal exige sostener la operación mientras se negocia con los acreedores, y las deudas que se generan después de la presentación se pagan antes que las anteriores. Sin flujo, no hay continuidad; y sin continuidad, el concurso no es una solución, sino una antesala.
Hay además un riesgo que la propia herramienta introduce: cuando un grupo ofrece propuesta unificada y esta es rechazada, la quiebra alcanza a todas las empresas concursadas. Llevado al caso, significaría poner a OCA a responder por Flybondi.
Lo que corre en paralelo
Mientras se define la presentación, la Justicia avanza por otro carril. El 10 de agosto, ARCA inició ocho ejecuciones fiscales contra FB Líneas Aéreas. Un par de días después se ordenaron embargos de fondos por unos $1525 millones de capital, que trepan a $1754 millones con intereses y costas. Los períodos reclamados van de marzo a junio de este año e incluyen ganancias, retenciones y percepciones de IVA y aportes patronales.
En el fuero comercial hay cinco pedidos de quiebra contra la aerolínea, aunque solo dos siguen vivos. Uno de ellos, presentado este año, figura desde esta semana a resolución del juez. Los otros tres fueron archivados: el pedido de quiebra suele usarse como método de cobro y se cae cuando la empresa paga o el acreedor desiste.
El embargo de las cuentas es, en los hechos, lo que apura la decisión. Con los fondos trabados, la presentación del concurso suspende las ejecuciones y los pedidos de quiebra en trámite, y atrae todo ante un solo juez. Por eso la discusión de estos días no es sobre el pasivo ni sobre el plan de negocios. Es sobre cuál es ese juez.
Al final de la fila hay dos grupos que no participan de ninguna de estas conversaciones. Los más de 700 exempleados que esperan sus indemnizaciones desde hace tres meses. Y los miles de pasajeros que compraron un pasaje que nunca voló y que, en un concurso, deberían verificar sus créditos de a uno, pagando un arancel, por montos pequeños. Los primeros tendrán privilegios en sus créditos si se presenta el concurso. Para los pasajeros que quedaron en tierra, es muy distinto. Casi ninguno hará su reclamo. Así las cosas, ese pasivo es posible que no se pague; se extingue por abandono.