BRASILIA.– La política brasileña asiste a un giro en la tendencia de opinión pública que redefine el tablero de cara a la disputa presidencial del 4 de octubre. Tras meses de paridad y fuertes tensiones discursivas, el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha comenzado a cosechar los frutos de una economía que, impulsada por el alivio en el consumo familiar y un desempleo en mínimos históricos, le otorga un respiro al Palacio del Planalto.
El repunte oficialista, registrado esta semana en los sondeos, coincide con el progresivo naufragio de la campaña de la oposición, obligada a recalcular su estrategia en medio de turbulencias judiciales, un incipiente clima de derrota interna y un fuerte rechazo a la injerencia de Washington en el proceso electoral, según coinciden analistas.
La ventaja del mandatario se estiró a ocho puntos en un escenario de eventual segunda vuelta frente al senador del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, registrando un 45% de las intenciones de voto contra el 37% de su rival, según divulgó el miércoles la consultora Quaest. La distancia exhibe una oscilación positiva de dos puntos para el mandatario respecto del mes anterior, revirtiendo el empate técnico de mayo.
El repunte oficialista se sostiene principalmente en el segmento de los electores independientes, aquellos que no se alinean con el lulismo ni con el bolsonarismo y que representan el 33% del padrón. En este sector clave, la desaprobación al gobierno se desplomó del 58% en abril al 45% actual, equiparando al nivel de aprobación.
“Finalmente llegó el repunte. Volví a recuperar la fe en los brasileños”, dijo a LA NACION un asesor de diálogo diario con el presidente Lula, denotando la sensación de descompresión que vivió el gobierno esta semana.
Según el análisis del CEO de Quaest, Felipe Nunes, el repunte se fundamenta en tres iniciativas estructurales: un programa de renegociación de deudas, la discusión por la reducción de la jornada laboral empujada por el oficialismo y la exención del impuesto a la renta para aquellos que ganan hasta cinco mil reales (cerca de 975 dólares) por mes. Con la inflación controlada y una expectativa favorable ante la reducción de la jornada laboral, la aprobación del gobierno trepó al 48%, superando numéricamente a la desaprobación por primera vez desde fines de 2024.
En diálogo con LA NACION, el analista político Murilo Medeiros, de la Universidad de Brasilia (UnB), explica este fenómeno a partir del uso estratégico de los resortes estatales: “El paquete de ‘bondades’ del gobierno trajo incentivos concretos para capas de la nueva clase media brasileña, y Lula los aprovechó para recuperar oxígeno”.
A este paquete de medidas preelectorales se sumó el nuevo tarifazo impuesto por la administración de Donald Trump, un elemento que Lula ha sabido surfear con destreza. La agresividad adoptada en las redes sociales por figuras de Washington como el secretario de Estado Marco Rubio, quien intentó imputar al presidente brasileño la responsabilidad por las sanciones norteamericanas, le permitió al petista no solo reflotar el histórico discurso de la soberanía nacional, sino posicionarse como el actor moderado de la discusión.
Mientras el Palacio del Planalto calcula al milímetro el tono de la respuesta, la prudencia económica se impone en estas últimas horas para evitar una escalada mayor con el gobierno de Donald Trump. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, enfrió la aplicación inmediata de la Ley de Reciprocidad al afirmar categóricamente que “no cabe hablar de represalia”, reorientando el esfuerzo hacia el auxilio interno. El gobierno reforzará líneas de crédito para blindar a las industrias del calzado, el textil y el mobiliario, los segmentos más afectados por la tasa del 25% impuesta por Washington.
Flavio Bolsonaro vociferó que la “culpa es de Lula”, evitando condenar la adopción de aranceles contra su país. Su precampaña ya venía golpeada por el escándalo de corrupción del Caso Master y sus disputas públicas con su madrastra, Michelle Bolsonaro.
Para colmo, la postulación del heredero de Jair Bolsonaro recibió un durísimo revés judicial en el cierre de la semana. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, endureció las restricciones de la prisión domiciliaria del expresidente tras concluir que violó las medidas cautelares al redactar una carta de apoyo a la campaña de su hijo. Moraes le suspendió al exmandatario las visitas por 30 días y le prohibió difundir manifiestos políticos por medio de terceros, al tiempo que inhabilitó a Flávio a visitar a su padre por 90 días.
Los datos específicos de Quaest sobre el impacto del tarifazo son desastrosos para el heredero político de Jair Bolsonaro: el 42% de los entrevistados asegura que las tarifas aumentan su voluntad de votar por Lula y el 51% culpa de manera directa al senador opositor por las sanciones. Exhibir la sintonía con Trump y Rubio se convirtió, de hecho, en un búmeran. Otros presidenciables de la derecha, como los gobernadores Ronaldo Caiado (Goiás) y Romeu Zema (Minas Gerais), abandonaron la estrategia de culpar exclusivamente al gobierno y comenzaron a atribuirle cuotas de responsabilidad al bolsonarismo.
Error de cálculo
Para Medeiros, el error de cálculo de la oposición radica en la sobreestimación de su narrativa internacional: “La supuesta alianza del bolsonarismo con Trump quedó bajo sospecha ante la afrenta del gobierno estadounidense hacia las empresas y el sector productivo. Esto dejó a la campaña de Flavio en una encrucijada, porque evitó criticar a Trump y adoptó una postura titubeante y floja en la defensa del sector productivo local, que es justamente una porción del electorado que debería votar por él”.
Sin embargo, el analista de la UnB advierte sobre la ambivalencia de esta coyuntura para el Planalto: “El tarifazo es un activo político a corto plazo para Lula porque le da un enemigo externo con el cual confrontar, pero representa un riesgo a mediano plazo. Si la inflación sube y el costo de vida empeora, el principal blanco de la insatisfacción popular será el propio gobierno”.
El combo “bolsotrumpista” le entregó a Lula, además, la justificación para saltar los límites de la veda electoral y anunciar un paquete extraordinario de compensaciones para los sectores productivos afectados. La cúpula del Congreso ya notificó al gobierno que una Medida Provisoria en esa dirección tendrá un trámite veloz bajo el argumento de la excepcionalidad de la defensa económica.
Mientras tanto, las sucesivas crisis de la oposición —desde el Caso Master hasta las peleas familiares— empezaron a provocar una fuga en un segmento clave del electorado: la derecha no bolsonarista. “Ese electorado conservador y liberal, de centroderecha, que valora la previsibilidad y la estabilidad, dejó de ver a Flávio como una alternativa capaz de liderar el país”, señala Medeiros. De acuerdo con el especialista, esta porción del electorado “volvió al mercado” y busca opciones fuera de la polarización, aunque el ecosistema político aún no muestre liderazgos alternativos con proyección de competitividad.
Nada en el inicio de 2026 sugería que el camino de Lula hacia la reelección se vería facilitado por errores estratégicos de la derecha y la interferencia externa. Paradójicamente, en el tramo decisivo de la campaña, Trump se va convirtiendo en un activo electoral del oficialismo.