Miles de crónicas periodísticas, cientos de libros y sentencias judiciales, entre las que cabe destacar la de la Cámara Federal en la causa 13/84 contra los comandantes de las Fuerzas Armadas, nos ilustran sobre los asesinatos, atentados y secuestros realizados por las organizaciones terroristas que, con apoyo y financiamiento cubano y soviético, atacaron al país a partir de los años 60. El tratamiento que le dio y le sigue dando la política y la Justicia Federal a estos crímenes constituye una de las aberraciones más relevantes de la historia argentina.
El presidente Héctor Cámpora, al regreso de la democracia en 1973, dictó un indulto y el Congreso de la Nación una amnistía que alcanzó a centenares de guerrilleros que habían sido procesados y condenados por la Justicia Federal mediante procesos judiciales inobjetables. De este modo, integrantes de Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y otras organizaciones terroristas recuperaron la libertad solo para multiplicar su accionar en la guerra revolucionaria tal, como lo señaló la sentencia de la causa 13/84 en pasajes que algunos no quieren recordar. Una vez en libertad, fueron por quienes los habían combatido y por quienes los habían condenado: el juez federal Jorge Vicente Quiroga, de 48 años de edad, fue asesinado mediante una ráfaga de 14 balazos por la espalda, mientras otros magistrados y sus familias fueron atacados y debieron marchar al exilio.
Esos indultos y esa amnistía siguen vigentes para sus autores y amparan miles de asesinatos, de personas notables como Oberdan Sallustro, presidente de Fiat, o del almirante Hermes Quijada, comandante del primer anevizaje en el polo Sur, así como muchos otros nunca homenajeados como el conscripto Hugo Vacca, conductor de un camión del Ejército que en 1971 sufrió un atentado terrorista en el que murió el teniente Mario Casúa y Vacca quedó parapléjico antes de fallecer cuatro años después.
La sentencia de la causa 13/84 identifica, entre 1969 y 1979, un total de 21.462 delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras; 1501 asesinatos; 5215 atentados con explosivos; 1748 secuestros; 65 copamientos de regimientos, comisarías y localidades; 215 atentados contra medios de comunicación y otros graves crímenes.
Todos esos asesinatos y mutilaciones que tienen nombre y apellido de víctimas y victimarios, fueron amnistiados por aquellos indultos y amnistías del 73 y luego por la ley de punto final, dictada por el Congreso Nacional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, mientras que el presidente Carlos Menem indultaría luego a las jerarquías de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla. En enero de 1989, vendría el cobarde copamiento del Regimiento 3 de La Tablada, en el cual otro movimiento guerrillero, Todos por la Patria, desprendimiento del PRT, asesinaría a nueve militares y dos policías y dejaría más de 50 heridos. Todos los guerrilleros, incluido un sacerdote que eligió matar a sus semejantes, fueron indultados por el presidente Eduardo Duhalde.
Con la presidencia de Néstor Kirchner volverían los juicios de la mano de los familiares de los guerrilleros y organizaciones de izquierda, a quienes Kirchner, para lograr su apoyo, les cedería el diseño de la política de derechos humanos, en la cual se embarcaría el Poder Judicial mediante el desatino de una flamante mayoría de la Corte Suprema, que declararía la invalidez de aquella ley de punto final, pero solo respecto de las fuerzas del orden. A partir de esa doctrina que inauguraría la era de los llamados “juicios de lesa humanidad” por hechos ocurridos 30, 40 o 50 años atrás, los familiares de los guerrilleros y las organizaciones de izquierda irían por quienes los combatieron y quienes los juzgaron desde 1973 en adelante. Más de tres mil hombres y mujeres de todas las jerarquías de las tres fuerzas armadas, de seguridad y de servicios penitenciarios nacionales y provinciales, y más de 35 jueces y fiscales federales fueron detenidos. Entre las notables asimetrías cabe destacar que en la causa 13/84 el comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar, brigadier Orlando Ramón Agosti, fue condenado a cuatro años y medio de prisión. En 2022, el excabo de la Fuerza Aérea Julio Narciso Flores, que en el momento de los hechos tenía 18 años y ahora es un anciano, fue condenado a 25 años de prisión. El exterrorista Raúl Argemí, considerado autor del asesinato del doctor Quiroga, fue apresado, juzgado y condenado, pero se le conmutó la pena y se lo indemnizó con 209.409 dólares por los 11 años que pasó en la cárcel.
Dejar firme la amnistía para los guerrilleros y revocarla para soldados, policías, jueces y fiscales que los combatieron o juzgaron fue el mensaje más contundente que podía darse para asegurar la impunidad de la delincuencia y una advertencia para quienes la combatan en el futuro.
En estos procesos se ha llegado incluso a inventar casos indemostrables cincuenta años después de los hechos, para continuar el escarnio, el odio y multiplicar indemnizaciones y beneficiarios. Las amnistías, tradición de la historia parlamentaria argentina cada vez que se suscitaron graves conflictos que dividieron la sociedad ha dejado, por esta nefasta política y perversa doctrina, de ser instrumento de pacificación. A partir de una ilegal “política de Estado” que no varía, constituyen solo una demostración de impunidad de unos, para asegurar la venganza sobre los otros.