Si no fuera por sus inconcebibles horrores no forzados en materia política y comunicacional, que generan un desgaste profundo e innecesario y catalizan el malhumor predominante en la sociedad, las importantes buenas noticias económicas generarían un impacto mucho más significativo y duradero en la opinión pública. Sin embargo, el Gobierno se empecina en hacer todo lo posible para que las cuestiones que prevalecen en la conversación ciudadana sean negativas y debiliten hasta el paroxismo la credibilidad y la reputación de sus principales figuras, comenzando por el Presidente. Es más que una versión corregida y aumentada del conocido “empecinamiento terapéutico” (persistir en un diagnóstico y su consiguiente terapia, a pesar de que los síntomas del paciente apuntan a que es equivocado), un error bastante repetido por otras experiencias políticas tanto en el pasado reciente como en el remoto. Además, en esta oportunidad, los hermanos Milei ignoraron las impredecibles sinrazones que produce el “efecto cascada” (un término que puede definir una época, hablando de la “sociedad líquida”): los costos aumentan de forma exponencial, con escenarios contingentes que hasta hace poco parecían impensables. La política argentina se encuentra una vez más en una encrucijada binaria: del hiperpresidencialismo extremo y asfixiante pasamos, en apenas semanas, a un liderazgo disociado de (y enojado con) una dura realidad de la que es exclusivo responsable y que obstaculiza el desarrollo de la agenda de gobierno.
Dos meses sosteniendo lo insostenible, aferrados a un activo tóxico como Manuel Adorni, que para todo el mundo político, incluidos prominentes integrantes de esta administración, hace rato se convirtió en un “cadáver” político, derivó en una virtual parálisis de la gestión y en la pérdida de oportunidades para influir en las expectativas de los agentes económicos. En este sentido, fue trascendental la mejora en la calificación de la deuda argentina dispuesta por la agencia Fitch, que habilita a un gran número de fondos globales a invertir en activos de nuestro país. La demanda por (y los precios de) bonos, acciones y otros instrumentos financieros aumentará en la medida en que se sostenga el equilibrio fiscal y continúe el esfuerzo por incrementar las reservas netas del BCRA, bajar la inflación y avanzar en la agenda de reformas estructurales (de la que nada se discute en el actual contexto). Esto implica un paso más hacia el retorno a los mercados voluntarios de crédito para el país, las provincias y las empresas. Sobre todo, contribuye a reducir el costo de financiamiento para los individuos, en un momento en que se registra un pico en la mora en préstamos personales y deudas acumuladas en tarjetas de crédito, más allá de cheques rechazados y dificultades en los mecanismos de financiamiento informal a los que recurren pymes y personas que tienen vedado el acceso a los circuitos formales, sea por su mala historia crediticia o por su inserción en el amplio y creciente terreno de la economía no registrada.
Otra excelente novedad proviene de la minería, uno de los nuevos motores del desarrollo gracias a la demanda global y a la normalización económica del país (es irracional tener de forma persistente y creciente altos índices de inflación, déficits fiscales pantagruélicos financiados con emisión monetaria, un proteccionismo extremo y generalizado o una presión tributaria que abruma al consumidor). Este año, las exportaciones del sector correspondientes a proyectos maduros o en producción crecerán en torno al 50% respecto de 2025, tanto por un salto en el volumen como en los precios. En simultáneo, se acumulan iniciativas nuevas en el contexto del RIGI por más de US$40.000 millones que sugieren un horizonte extraordinario en el mediano y el largo plazo. Es cierto que se trata, al igual que la energía, de sectores de capital intensivo, que generan menos puestos de trabajo que otras cadenas de valor. Pero el salario promedio es dos veces y media más alto que el del resto de la economía. Son inversiones de escalas enormes, que representan puntos de inflexión para la vida y el paisaje de las comunidades locales. Todo cambio genera reacciones y es natural que algunos segmentos muestren desconfianza y opiniones críticas, en especial con la cuestión ambiental. Bienvenido ese debate: las propias empresas, que suelen cotizar en bolsas internacionales y se autoimponen criterios muy rigurosos en la materia, son las principales interesadas en transparentar sus procesos y evacuar dudas. Así, la discusión aún no zanjada sobre la nueva ley de glaciares puede constituir un obstáculo si los cambios que ya tuvieron media sanción en el Senado terminan postergados por una eventual medida cautelar.
En conjunto con la industria energética (en el futuro podría sumarse el turismo si se concretan imprescindibles inversiones en infraestructura física), la minería convierte a la “Argentina árida” en zonas de inédito dinamismo. Con el tiempo, impactará en la economía política del país: provincias que eran erróneamente consideradas “inviables” son hoy áreas pujantes y atractivas donde se relocalizan muchas familias (veinte por día migran solo a Vaca Muerta) para reinventar sus proyectos de vida. Incipientemente, este “nuevo interior”, más joven, pujante y con mejor ingreso per cápita generará más oportunidades, en particular cuando la obra pública recupere el terreno que nunca debió haber perdido. Esto implica el comienzo de la reversión de las corrientes migratorias durante la era de oro de la sustitución de importaciones, cuando se vaciaba el interior profundo para superpoblar grandes metrópolis como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Semejante transformación implica costos no menores para muchos sectores que salen perjudicados: una economía más abierta y competitiva hace crujir a muchas industrias que no estaban preparadas. Asimismo, buena parte del comercio sufre por la caída del salario real, al margen de los cambios de hábito en el consumo consecuencia de las nuevas tecnologías. Pero el Gobierno podría hacer mucho para aliviar esa situación y contribuir a que las transiciones y reinvenciones de muchos sectores sean menos traumáticas, evitando así la discontinuidad de enormes esfuerzos personales y familiares. El Banco Mundial acaba de publicar un importante documento en el que evalúa la “nueva política industrial”, que desde hace más de una década y media implementan prácticamente todos los países. La competitividad debe analizarse desde una perspectiva sistémica, pero es innegable que, aunque al Gobierno esto lo irrite, el tipo de cambio se encuentra muy atrasado, volviendo a la Argentina un país muy caro en dólares. Si además se avanzara con las reformas estructurales, sobre todo con una baja en la carga fiscal y en el costo de financiamiento, numerosas empresas podrían reconvertirse con muchísimas menos dificultades de las que encuentran hoy.
En vez de invertir tiempo y energía en estos aspectos medulares, el Presidente se embarca en disquisiciones académicas sin sentido, como su absurda prédica contra el keynesianismo, la escuela económica que más influyó en el éxito del capitalismo a nivel global desde la década de 1930. O en viajes privados con el objetivo de abonar en una supuesta batalla cultural a la que, en todo caso, podría sumarse una vez que concluya su mandato. Fue elegido para resolver los principales problemas del país, incluida la inflación, y está muy lejos de haberlo logrado. Según un sondeo muy reciente de D’Alessio-IROL/Berensztein, solo al 31% de los votantes les gustaría que Milei fuera candidato a presidente el próximo año. Casi el mismo porcentaje que lo votó en primera vuelta en 2023.