Hubo un tiempo en que la libertad era tan natural que nadie sentía la necesidad de defenderla. Hasta que el 20 de marzo de 2020 el miedo se convirtió en política de Estado. Ese día el gobierno nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la circulación y el contagio del virus del Covid-19. Lo que comenzó como una emergencia sanitaria derivó rápidamente en una emergencia institucional: el miedo paralizó conciencias, justificó excesos y legitimó decisiones que, en cualquier democracia madura, habrían merecido un debate mucho más profundo.
Durante aquellos meses excepcionales, los argentinos fuimos testigos de escenas que hoy resultan difíciles de explicar: familias separadas por límites provinciales, ancianos reprendidos por tomar sol, reuniones familiares prohibidas bajo amenaza de sanción. Y lo más grave de todo: millones de niños privados de su derecho a aprender, como si la educación fuera prescindible en una emergencia. Detenerla fue una decisión política. Y ese costo, moral y educativo, sigue presente aunque el virus haya desaparecido de los titulares.
Nada de esto ocurrió de un día para otro. Primero se nos dijo que las escuelas cerrarían por quince días. Luego, esos quince días se convirtieron en meses. Así, con la lógica del miedo, se normalizó lo excepcional. En nombre de la vida se suspendieron derechos básicos, como si la libertad fuera un lujo y no una condición esencial de la convivencia democrática. Y lo más inquietante fue la pasividad con la que muchos aceptaron ese nuevo orden. Nos acostumbramos a vivir bajo la lógica del decreto, convencidos de que obedecer era un acto de solidaridad.
La Argentina llevó esa lógica al extremo. No sólo cerró sus aulas durante largos meses, sino que convirtió la clausura de la educación en un símbolo de responsabilidad pública. Se instaló la idea de que mantener las escuelas abiertas era una temeridad. Y así, en nombre del cuidado, se abandonó a los más débiles: los niños sin conectividad, los que no tenían computadora ni un adulto que los acompañara. La brecha digital se transformó en una brecha educativa que aún hoy separa a quienes pudieron sostener el aprendizaje de quienes quedaron rezagados.
Se perdió mucho más que contenido: se perdió la experiencia formativa del encuentro. Los alumnos más vulnerables fueron los primeros en quedar atrás y los últimos en regresar. Muchos nunca volvieron. Esos chicos, invisibles en las estadísticas, son el rostro más doloroso de aquella decisión.
Mientras tanto, el país discutía cifras y protocolos, pero evitaba discutir principios. Se gobernaba por decreto, se restringía la circulación y se vigilaba la conducta ciudadana. Se instaló un clima de sospecha moral: quien pedía apertura era tildado de irresponsable; quien cuestionaba la autoridad, de insensible. El miedo se convirtió en criterio político.
Lo que ocurrió no fue simplemente una reacción sanitaria desmedida, sino la manifestación de una cultura política que prioriza el control por sobre la responsabilidad individual. Como señalamos con Gabriel Zanotti en Cuando el miedo derogó la libertad, las emergencias tienden a expandir el poder político más allá de sus límites originales cuando no existen contrapesos institucionales sólidos. La pandemia mostró cuán vigente era aquella advertencia.
Como contracara, la experiencia de Suecia demuestra que una sociedad puede enfrentar una crisis sin renunciar a su libertad. No hubo milagro alguno, sino algo mucho más exigente: una cultura de confianza. Confianza en que el ciudadano es capaz de decidir por sí mismo; en que la responsabilidad individual no necesita ser impuesta por decreto. En Suecia, las escuelas permanecieron abiertas porque se entendió que el daño de cerrarlas era mayor que el riesgo de mantenerlas abiertas. En la Argentina, en cambio, se prefirió la ilusión del control.
El miedo, amplificado por la política y legitimado por una ciencia presentada como incuestionable, se convirtió en argumento suficiente para restringir libertades. Aprendimos a pedir permiso para vivir, a confundir obediencia con empatía, prudencia con sometimiento. Pero lo más inquietante no fue sólo lo que el poder hizo, sino lo que la sociedad toleró.
La pandemia no creó el autoritarismo; expuso la fragilidad de nuestros límites institucionales. Mostró cuán fácil es sacrificar principios cuando se gobierna con miedo y se obedece por temor. Por eso, más que contar contagios o revisar estadísticas, lo que hoy debemos preservar es la memoria de lo ocurrido. Recordar que toda emergencia pasa, pero las decisiones adoptadas en su nombre pueden dejar marcas duraderas.
No se trata de buscar culpables, sino de recuperar conciencia. De entender que la libertad, una vez cedida, no se recupera con facilidad. Y que la educación -esa fragua silenciosa donde se forma el ciudadano libre- no puede ser nunca una variable de ajuste.
Porque cada vez que el miedo gobierna, la libertad es su primera víctima. Y cuando eso ocurre, lo más peligroso no es sólo el poder que avanza, sino la sociedad que se acostumbra a retroceder.
Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA