En un mundo cada vez más fragmentado, el Gobierno argentino ve una oportunidad y se posiciona como un socio estable, confiable y con recursos para los inversores. Ese fue el mensaje que los funcionarios llevaron a Nueva York la semana pasada, en el marco de la Argentina Week, y el mismo discurso repitió el canciller Pablo Quirno en el Economic Forum of the Americas (IEFA), que se celebra en el hotel Four Seasons.
Aunque el evento tiene nombre en inglés y es bilingüe, se organiza desde hace años a través de un grupo de empresas en las que es accionista José Luis Manzano, exministro del Interior y actual inversor en compañías como Edenor, Edemsa, Phoenix Global Resources e Integra Capital, entre otras.
Dado el perfil de esas empresas, el foro estuvo muy focalizado en los sectores que más interés despiertan entre los inversores: energía y minería.
De hecho, en los pasillos del primer piso del hotel el tema dominante era el proyecto de modificación de la ley de Glaciares. “Si bien en el Senado el proyecto se aprobó con 40 votos contra 31, hasta las horas previas estuvimos cortando clavos”, dijo en reserva un ejecutivo minero, que habló en plural en referencia al respaldo que reciben del Gobierno.
La industria busca mantener un perfil discreto al menos hasta el próximo jueves 26, cuando concluye la audiencia pública virtual habilitada para debatir el proyecto antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados, previsto para los primeros días de abril. Tanto el Gobierno como el sector minero esperan que la ley sea sancionada en los primeros días de abril.
El interés de las mineras en la Argentina es tal que las principales empresas internacionales no solo ya tienen presencia en el país, sino que exploran activamente nuevas oportunidades de inversión. Es el caso de la australiana BHP y la británica Rio Tinto.
BHP, la mayor empresa minera del mundo, participa con el 50% del proyecto cuprífero Vicuña, en San Juan, que protagonizó el mayor anuncio de inversión privada de las últimas décadas: US$7100 millones en una primera etapa, con posibilidad de ampliarse a US$18.000 millones. Anoche, la provincia aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para esa primera etapa, en medio del debate nacional sobre la ley de Glaciares.
El otro 50% de Vicuña está en manos de la canadiense Lundin Mining, que tuvo una participación activa en el IEFA. Su CEO global, Jack Lundin, se reunió en varias ocasiones con el presidente Javier Milei y, según quienes lo rodearon, se llevó una buena impresión —y cierta sorpresa— por el trato ameno que recibió, en contraste con la actitud distante o confrontativa que el mandatario suele mostrar con otros empresarios locales.
“Queremos estar en la Argentina por muchos años más. Creemos que el precio del cobre y los metales preciosos seguirá subiendo. Pero además de eso, tenemos un proyecto tan único con Vicuña, a nivel mundial, que será uno de los cinco mejores proyectos en desarrollo del mundo. Estamos muy entusiasmados por llevar Vicuña hacia adelante”, afirmó Lundin.
A su lado, el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, aclaró que los depósitos Josemaría y Filo del Sol —que integran el distrito Vicuña— no dependen de la aprobación de la ley de Glaciares. “Lo que fue determinante para avanzar con las inversiones fue el RIGI”, subrayó.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es considerado por las empresas mineras un punto de inflexión: sus beneficios fiscales y cambiarios equiparan a la Argentina con las condiciones vigentes en Chile y Perú, dicen en el sector.
“El RIGI expresa con claridad la dirección de fondo de esta administración. Pero quiero subrayar algo esencial: el RIGI no es una excepción pensada para unos pocos, sino un puente hacia la Argentina que queremos para todo”, dijo Quirno en su discurso de apertura. ”Nuestro objetivo no es convivir con una economía partida entre sectores privilegiados y sectores sobrecargados, sino extender gradualmente las condiciones de competitividad, certidumbre y alivio fiscal que hoy impulsan a los grandes proyectos al conjunto de la economía”, agregó.
Hasta el momento, el RIGI tiene aprobados 12 proyectos con compromisos de inversión por US$ 26.623 millones, de un total de 33 presentados. De ese universo, 19 son proyectos mineros, ocho de petróleo y gas, tres de energía eléctrica, dos de infraestructura y uno de siderurgia.