En diciembre del año último, tras recibir varios audios extorsivos, el soldado del Ejército Rodrigo Gómez se suicidó de un balazo en la cabeza en la quinta presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de vigilancia. Tuvieron que pasar varios días para que se conocieran los motivos de tan lamentable deceso. El joven estaba siendo extorsionado económicamente desde una cárcel, donde los presos contaban con complicidad de personas en libertad para cometer las estafas que organizaban por medio de sus teléfonos celulares desde el interior de una celda.
Una vez más quedó expuesta no solo la permisividad del sistema penitenciario -en este caso, el bonaerense-, sino también la complicidad de funcionarios de varios estamentos que no solo facilitan estos crímenes, sino que seguramente reciben parte de lo recaudado de forma ilegal por los presos. Mientras se siga permitiendo el uso de celulares en las cárceles o no se instalen inhibidores de señal, muchas más personas inocentes caerán en las redes de estos delincuentes. Los celulares fueron permitidos durante la pandemia, pero pasó casi un lustro y los siguen usando sin ningún tipo de restricción.
Al soldado Gómez lo hicieron caer en la misma trampa que a otras muchas personas. Conocen a alguien con quien comienzan una relación amorosa, sin saber que esa persona está comandada desde detrás de rejas carcelarias. Los presidiarios crean usuarios de WhatsApp o perfiles falsos en redes sociales que adjudican a mujeres jóvenes, en tanto abren otros personales con las fotos de supuestos policías. Una vez hecho el contacto de la mujer con la víctima -cómplice de los delincuentes-, empiezan a extorsionar al supuesto novio diciéndole que la madre de la chica está decidida a denunciarlo porque es una menor de edad. Por miedo a que sea verdad y no haberlo sabido, la víctima hace transferencias de dinero a los supuestos policías para que no redacten la denuncia o den aviso a la Justicia. La estafa se reitera y, lamentablemente, no muchos se dan cuenta. Trágicamente, como en el caso del uniformado del Ejército, abrumado por las deudas y la vergüenza, decidió quitarse la vida.
Durante una conferencia de prensa a cargo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se anunció el desbaratamiento de ese grupo de presos que habían armado una “Pyme del delito”, tal cual la definieron. Durante la investigación hubo 55 días de escuchas, que abarcaron ocho líneas telefónicas.
En otra oportunidad, otro joven padeció el mismo modus operandi del soldado que se suicidó, pero tuvo la suerte de que su padre se enteró de lo que pasaba y los presos cortaron los pedidos de dinero para que la supuesta pariente de otra menor usada como carnada no hiciera la denuncia claramente falsa. La herramienta utilizada por los presos en ese caso también fue una app de citas. La víctima llegó a realizar dos transferencias de dinero hasta que avisó al padre de la extorsión a la que estaba siendo sometido y, al no seguir depositando, se interrumpió el contacto con los estafadores.
Es necesario que se difundan todas estas aberraciones que se están cometiendo desde las cárceles. Son nuevas modalidades de delito. Los delincuentes ya tienen probado que ya no les resulta rentable la estrategia de los secuestros virtuales, que las potenciales víctimas se dieron cuenta de la mentira cortándoles la llamada, por lo que decidieron reconvertirse generando “creativas” formas para seguir robando.
En enero pasado, por ejemplo, desde la cárcel armaron un sistema de supuestos alquileres de viviendas de veraneo. Los interesados pedían ver fotos y, de gustarles alguna oferta, enviaban una seña que era recibida en cuentas abiertas por los presos. Desde la cárcel les reclaman refuerzos y hasta el pago de seguros a las víctimas, pero las viviendas no existían o estaban ocupadas por sus verdaderos dueños, quienes nunca las habían puesto en alquiler. Los delincuentes llegaron a enviarles a los estafados fotos de ellos mismos riéndose desde sus celdas.
Recientemente, y después de confirmar que el robo sufrido por una persona mayor había sido planificado y dirigido por presos bonaerenses, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, pidió que se prohíba el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos con conexión a internet dentro de los presidios. Otros pedidos similares surgieron desde diversos ámbitos. Urge darles curso, aunque, lamentablemente y conociendo la existencia de esos robos desde hace tanto tiempo, llegaron tarde en el caso del soldado Gómez.
De más está decir que las cárceles deberían ser lugares donde quienes cumplen condenas recapaciten sobre el daño cometido y puedan reintegrarse de la mejor manera posible a la sociedad. Nunca los penales deberían ser una pyme de la mafia.