En el país circulan más de 15 millones de vehículos; casi la mitad se concentra entre Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Además, ese parque automotor, cada vez más envejecido, debería incorporar más de un millón de vehículos nuevos por año para mantener un ritmo recomendable de renovación.
Resulta un desafío estacionar en espacios gratuitos en la calle, en zonas de alta demanda y, también, en playas cuyos costos pueden llegar a ser muy elevados. En tramos con estacionamiento medido, la aplicación habilitada indica si corresponde tarifa simple o progresiva. Salvo que la señalización estipule lo contrario, tres reglas básicas hay para estacionar: en las calles, está permitido hacerlo de ambos lados todo el día; en avenidas solo de 21 a 7 los días hábiles y, en cualquier horario durante fines de semana y feriados. En pasajes, calles de convivencia, espacios paralelos a ciclovías o arterias por las que circula el Metrobus, está prohibido siempre. En la web oficial del gobierno porteño se aclaran todas las prohibiciones para evitar multas severas o acarreos.
A la salida de la pandemia, bares y restaurantes avanzaron instalando decks y cerramientos en calles para superar el encierro. Su proliferación anuló lugares de estacionamiento hasta entonces disponibles. Los permisos no solo son gratuitos sino que tampoco demandan pagos extra para mantenerlos activos. Disponer de más cubiertos es así sumamente sencillo y económico para el empresario gastronómico, llamativo por cierto. No está claro cuál sería el beneficio para el gobierno porteño de ceder sin cargo tantos y tantos espacios cuando la necesidad sanitaria ya quedó atrás. Debería revisarse y considerar anular permisos transcurridos los cinco años de la asignación, además de evitar seguir concediendo nuevos como se ha venido haciendo.
Hace unas semanas, el economista Juan Carlos de Pablo abordó en nuestras páginas el tema de la “propiedad” de los espacios de vía pública aptos para el estacionamiento, en diálogo con el economista israelí Eitan Berglas. Este consideró “indefendible e inaceptable” la privatización que buscan imponer los “trapitos”, asimilable a la de bares y restaurantes. En su opinión, el estacionamiento medido refleja la escasez y propone una alternativa entre la prohibición y una permanencia indefinida. Los ingresos generados por este deberían volver a la comunidad en baja de impuestos u otros beneficios.
La cantidad de cordones pintados de amarillo por doquier llevó también a Berglas a preguntarse quién empuña la brocha, si fue efectivamente por orden municipal o si son atribuciones de algunos particulares que se burlan de sus conciudadanos, incluyendo a quienes colocan conitos u otros obstáculos en la puerta de su casa para asegurarse el espacio. Podríamos agregar que la revisión de los certificados de discapacidad debería impactar también en los permisos de estacionamiento no solo para circular sino para estacionar en espacios previamente asignados.
Falta de lugares, alta demanda y tránsito intenso son algunos de los ingredientes que promueven el desorden y generan estrés en conductores. Autos mal estacionados o en doble fila, obstruyendo rampas para discapacitados o salidas de vehículos descargando sin control alguno en horarios prohibidos obligan a circular por un solo carril cuando no obstruyen totalmente los desplazamientos. Con espacio limitado, aumento de circulación de autos particulares ante relocalización de empresas y un crecimiento de la proporción de vehículos SUV que ocupan más espacio, la ciudad demanda mayores controles y penalidades, pero sobre todo, nuevas soluciones.