El inicio del segundo tramo de sesiones extraordinarias encuentra al Congreso frente a una agenda que no admite más dilaciones. Los proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para su urgente tratamiento expresan la necesidad de actualizar reglas que hoy funcionan como un freno para el desarrollo, la creación de empleo y la convivencia social. En el temario propuesto por el Presidente, la reforma laboral, la modificación del régimen penal juvenil y la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupan un lugar central y merecen un tratamiento responsable y sin prejuicios. Lamentablemente, quedaron fuera de agenda hasta el momento proyectos indispensables como la ley contra la ludopatía, trastorno que tantos estragos provoca, y la de ficha limpia, tendiente a prohibir que detenidos con condena firme en doble instancia judicial se postulen para cargos electivos.
La modernización de las relaciones laborales vuelve a ponerse sobre la mesa luego de años de diagnósticos repetidos y soluciones postergadas. Nuestro país convive desde hace demasiado tiempo con un mercado de trabajo obsoleto, rígido, litigioso y excluyente, que castiga a quienes quieren invertir y condena a millones de personas a la informalidad. La falta de empleo registrado priva a los trabajadores de derechos básicos y, al Estado, de recursos indispensables para sostener el sistema previsional y la protección social, entre otros temas igualmente relevantes.
Avanzar hacia un marco laboral más flexible, previsible y acorde a las transformaciones productivas no implica resignar derechos, sino preservarlos allí donde hoy no existen. La experiencia comparada muestra que los países que lograron reducir la informalidad y aumentar el empleo privado lo hicieron actualizando sus normas, promoviendo acuerdos adaptables y reduciendo la inseguridad jurídica. Persistir en un esquema que desalienta la contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, es sostener un statu quo fallido.
Modernizar el mercado de trabajo, abrirse al comercio internacional y adecuar la legislación penal a la realidad no son opciones ideológicas, sino condiciones necesarias para volver a crecer y recuperar la confianza perdida
En ese sentido, resulta saludable que el oficialismo haya colocado la reforma laboral como prioridad y que se esfuerce por buscar consensos para su aprobación. Las discusiones sobre su impacto fiscal o sobre la implementación gradual de algunos cambios no deben desvirtuar el objetivo de fondo, que no es otro que crear condiciones para que el trabajo formal vuelva a crecer. Sin empresas que inviertan y contraten no hay política social que alcance.
En la misma lógica de apertura y modernización se inscribe la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE actualmente en estudio del Parlamento Europeo Tras más de dos décadas de negociaciones, su ratificación representa una oportunidad estratégica para integrar a la Argentina a cadenas de valor más amplias, sumar mercados para sus exportaciones y atraer inversiones de largo plazo. Rechazar o dilatar este acuerdo en nombre de un proteccionismo anacrónico sería condenar al país a seguir encerrado en sus propias limitaciones.
La reforma del régimen penal juvenil, en tanto, exige un debate serio y honesto. La legislación vigente responde a una realidad que ya no existe. Afirmar que adolescentes que cometen delitos graves carecen de comprensión sobre la ilicitud de sus actos es desconocer la evidencia y la experiencia internacionales. A determinada edad, los menores saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y el sistema debe ofrecer una respuesta que combine responsabilidad, sanción y posibilidades reales de reinserción.
Bajar la edad de imputabilidad -el Gobierno reclama que sea a los 13 años– no es sinónimo de criminalizar la pobreza ni de renunciar a políticas de contención social. Es, por el contrario, reconocer que la impunidad temprana también es una forma de abandono y que el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad y de intervenir en su defensa ante hechos violentos en los que los menores son usados como escudos por los adultos para cometer delitos a sabiendas de que no les cabrá una pena. Numerosos países ya han actualizado sus regímenes juveniles en esa dirección, sin que ello haya implicado retrocesos en materia de derechos.
El paquete de reformas incluye, además, modificaciones a la ley de glaciares, un tema que requiere especial tratamiento. Promover inversiones y desarrollo productivo no puede ni debe significar desatender la protección ambiental ni generar inseguridad jurídica. Cualquier ajuste normativo debe ser claro, previsible y sustentado en criterios técnicos, evitando interpretaciones laxas que, lejos de atraer inversiones responsables, abran la puerta a nuevos conflictos y litigios.
El desafío es estar a la altura de este momento. La Argentina necesita actualizar su marco legal y enviar señales claras de racionalidad y previsibilidad. Modernizar el mercado de trabajo, abrirse al comercio internacional y adecuar la legislación penal a la realidad no son opciones ideológicas, sino condiciones necesarias para volver a crecer y recuperar la confianza perdida.
Postergar estas discusiones es seguir con viejas y fracasadas recetas. Avanzar es asumir que, sin reformas, no hay futuro posible.